El 20 de noviembre de 2024, el gobierno de Nicaragua presentó al Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca subordinar los demás poderes públicos al Ejecutivo, controlar que los medios de comunicación no estén influenciados por intereses extranjeros ni difundan noticias falsas, y extender el período presidencial de cinco a seis años.
La propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y se espera que sea debatida y aprobada de forma expedita. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, describió la amplia reforma como una «modernización de la Carta Magna». La Nación
Además, la reforma busca aumentar el control estatal sobre los medios de comunicación para «prevenir que sean sometidos a intereses extranjeros». Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa, quienes consideran que podría limitar la independencia de los medios y restringir la libertad de expresión en el país. Reuters
La propuesta también incluye la extensión del período presidencial de cinco a seis años y la formalización del rol de la vicepresidenta, actualmente Rosario Murillo, como «copresidenta». Esta modificación ha sido interpretada por analistas políticos como un intento de consolidar aún más el poder en manos del presidente Daniel Ortega y su círculo cercano. BBC
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha llevado a cabo una represión contra opositores políticos, encarcelando a críticos y provocando sanciones de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y Europa. La propuesta de reforma constitucional se enmarca en este contexto de creciente autoritarismo y concentración de poder en Nicaragua. Reuters
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas medidas, instando al gobierno nicaragüense a respetar los principios democráticos y los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han emitido comunicados condenando la propuesta de reforma y llamando a la comunidad internacional a tomar acciones para proteger la democracia en Nicaragua.
En conclusión, la propuesta de reforma constitucional en Nicaragua representa un intento significativo de consolidar el poder ejecutivo y limitar la independencia de otros poderes del Estado y de los medios de comunicación. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan vigilantes ante estos desarrollos, abogando por la preservación de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en el país.