El juez señala que no encuentra “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “correspondía” hacerlo antes de su juramento el 20 de enero. “Solo con la resolución definitiva de este asunto se servirá a los intereses de la justicia”, argumenta. En todo caso, se tratará de una sentencia no firme. Los abogados de Trump pueden recurrirla. Incluso pueden tratar de evitar aún que se dicte sentencia acudiendo al tribunal de apelaciones.

“Si bien este tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna decisión sobre la sentencia antes de dar a las partes y al acusado la oportunidad de ser oídos, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del tribunal a no imponer ninguna pena de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena, pero que el Pueblo [la acusación] admite que ya no ve como una recomendación factible”, sostiene el juez en su resolución de 18 páginas.

El juez de distrito de Manhattan rechazó el mes pasado la petición del presidente electo de que se desestimara su condena por el caso Stormy Daniels en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que concede amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de su cargo. Antes, en noviembre, se había mostrado partidario de congelar el caso mientras Trump fuera presidente y había aplazado indefinidamente la sentencia, pero finalmente lo que hace es anticiparse a que ocupe el cargo.

Trump fue declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables. Pretendía con ello ocultar los pagos de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de cárcel, aunque las penas por cada uno de los delitos se pueden cumplir de forma simultánea. En casos como el de Trump ―sin contar que ahora es el presidente electo― ya era poco probable que el condenado tuviera que ingresar en prisión. Lo habitual es que un condenado por esos delitos quede en libertad condicional o reciba una multa, pero en este caso no habrá en principio condiciones para su libertad, según ha sugerido el juez.

En el caso de Nueva York, el único por el que ha ido a juicio, trató primero de anular la condena en virtud de la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo que concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales. Merchan rechazó esa tesis. Los abogados de Trump también alegaron la práctica del Departamento de Justicia de no perseguir a presidentes en el cargo. Por analogía, sus abogados creían que debía aplicarse también a un presidente electo.

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Source: elpais.com