De momento, no hay quien arreste a Yoon Suk-yeol, el presidente destituido de Corea del Sur. El sainete político de la ley marcial prosigue en el país asiático. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF), uno de los organismos que ha abierto diligencias al mandatario por su intento de imponer el control militar del país, apuraba este lunes las últimas horas de una orden de detención dictada contra este, que no ha podido ser aún ejecutada desde que entró en vigor la semana pasada. Los investigadores de la OICAF intentaron apresar al dirigente el viernes, pero se vieron obligados a abortar la operación después de que el servicio de seguridad presidencial, formado por soldados y funcionarios, les impidiera adentrarse en las dependencias oficiales: cerca de 200 guardias formaron un muro humano que bloqueó la entrada, constatando el choque entre agencias y poderes del Estado.
Yoon, cesado de sus funciones de forma provisional tras una votación parlamentaria el 14 de diciembre, está acusado de insurrección por tratar de imponer la ley marcial del pasado 3 de diciembre. Mientras el Tribunal Constitucional se toma su tiempo para valorar si rechaza o convalida de forma definitiva su cese como jefe del Estado, el dirigente conservador permanece enclaustrado en la residencia oficial, rodeada en los últimos días por una multitud de simpatizantes que desafían las gélidas temperaturas del país asiático.
El equipo legal del presidente suspendido considera ilegal la orden dictada contra él, al estimar que la OICAF no es un órgano competente para investigar los cargos de los que se le acusa. La citada oficina, por el contrario, sostiene que Yoon no respondió a sus reiteradas peticiones de comparecer para ser interrogado y que tiene motivos suficientes para emitir la orden.
Este lunes, la defensa del dirigente ha presentado denuncias ante la Fiscalía contra el jefe de esta agencia estatal anticorrupción y otras 10 personas por el intento de ejecutar la orden de detener a Yoon y registrar su residencia. El equipo jurídico ha argumentado, entre otras cosas, que la OICAF no tenía autoridad para movilizar a agentes de policía para llevar a cabo la detención. Ha presentado también denuncias contra el comisario general en funciones de la Agencia Nacional de Policía, Lee Ho-young, y el ministro de Defensa en funciones, Kim Seon-ho, acusándoles de dejación de funciones y abuso de poder por rechazar la petición del servicio de seguridad presidencial de contar con un refuerzo de seguridad.
Los detalles técnicos y las argucias legales del caso prometen una batalla jurídica complejísima en todas las instancias. Aunque las órdenes de detención suelen ejecutarse rápidamente, ahora hay mucho en juego. Se trata de la primera vez en la historia democrática de Corea del Sur que las autoridades pretenden detener a un presidente que hasta hace pocas semanas estaba en ejercicio. Un equipo de investigadores de la policía ya fue frenado el 11 de diciembre, cuando trataron de acceder al complejo presidencial en Seúl para registrar varias dependencias, incluidos el despacho del jefe del Estado, la sala de reuniones del Gabinete, el Servicio de Seguridad Presidencial y el edificio del Estado Mayor Conjunto, en cuyo sótano se ubicó la sala de situación durante las seis horas que duró la ley marcial.
Entre los congregados este lunes en torno al complejo presidencial, con el objetivo de mostrar apoyo a Yoon y entorpecer de paso una eventual detención, se encontraban hasta 30 diputados de su formación, el Partido del Poder Popular. Kim Ki-hyun, uno de ellos, aseguraba desde allí ante los micrófonos que la disposición legal para arrestar al presidente es “naturalmente inválida”.
La divisiva situación comienza a ser comprometedora para un país que se cuenta, en teoría, entre las democracias más establecidas de Asia. “Se espera que la crisis política sin precedentes continúe”, auguraba este lunes el diario Korea Herald en un editorial, previendo la solicitud de una prórroga de la orden de detención. “Yoon es el responsable de complicar la crisis”, sentenciaba en un texto en el que también apelaba al anterior papel del presidente cesado como fiscal general para exigirle respeto al Estado de derecho. “Sus comentarios anteriores de que no debe haber excepciones en las investigaciones, los juicios o la aplicación de la ley parecen ahora retórica vacía”.
El país entró el pasado 3 de diciembre en un caótico torbellino político, con numerosas manifestaciones reclamando la caída del presidente y votaciones contra el reloj en el Parlamento que han implicado, además de la destitución de Yoon, la del primer ministro, Han Duck-soo, que lo había reemplazado en el cargo tras su cese. En estos momentos, ejerce las funciones de jefe del Estado Choi Sang-mok, ministro de Finanzas y siguiente miembro del Gabinete en la línea de sucesión presidencial.
“La respuesta que hemos visto, y que esperamos seguir viendo, es pacífica y plenamente coherente y acorde con la Constitución y el Estado de derecho”, ha dicho, según Reuters.
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Source: elpais.com