El documento resalta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas a raíz de la opacidad electoral y las denuncias de fraude, constituyen terrorismo de Estado. “La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes. Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”, enumera la CIDH que pide formalmente en este informe al Estado venezolano visitar el país para constatar la situación y el cumplimiento de una serie de recomendaciones.

De acuerdo con la CIDH, el Gobierno de Venezuela “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”. Esto llevó a “proclamar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. El informe recuerda que el CNE suspendió las auditorías posteriores al proceso electoral y se ha negado, hasta el momento, a publicar las actas de votación que respaldan los resultados anunciados. “Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios”, recoge el informe sobre la estrategia opositora.

La líder María Corina Machado, desde mensajes grabados en la clandestinidad, ha llamado a una manifestación en las calles para el jueves 9 de enero, un día antes de la fecha de la toma de posesión. A la par, el chavismo se ha blindado con su pie de fuerza militar y policial. Ha incrementado la presencia de funcionarios armados en el país y, con ello, la sensación de miedo entre la ciudadanía, y desafía a la oposición llamando a sus militantes a las calles para el mismo día.

Los niveles de represión denunciados y lo han llevado a otorgar durante las últimas semanas medidas de excarcelación a centenares de los más de 2000 presos que acumularon luego del 28 de julio, incluidos decenas de menores de edad. Pese a las medidas de libertad condicionada, las detenciones y la persecución no han cesado. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que hay más de 125 ciudadanos extranjeros presos por estar supuestamente involucrados en “planes de desestabilización” contra el Gobierno de Maduro.

La CIDH resalta que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”. Añaden que, en el caso venezolano, esto ha facilitado “el establecimiento de un régimen de facto” y que las circunstancias que rodearon la elección del pasado 28 de julio implican una alteración grave del orden constitucional. En el informe piden a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia” en Venezuela.

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Source: elpais.com