Galicia, una de las comunidades con más viento de España, tiene más de 60 grandes proyectos eólicos paralizados por decisiones judiciales polémicas, mientras la acaba de aprobar una normativa que ha soliviantado aún más al sector de esta energía renovable, que alerta de una interrupción casi total de las inversiones. Este freno a la energía limpia se produce en medio de una oposición vecinal y ecologista que protesta con ímpetu ante la instalación de aerogeneradores y denuncia decenas de proyectos, mientras una sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emite sentencias contrarias al criterio del resto de tribunales españoles.
“La comunidad gallega es referente a nivel nacional por potencia instalada, pero ahora mismo es un territorio complicado para nuevos proyectos”, resume Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector. “Se han juntado la oposición social de algunas plataformas, que han encontrado resquicios jurídicos para paralizar 2.700 megavatios (MW) en decenas proyectos —que se podrían haber construido en este año y el que viene— y un cambio de legislación de la Xunta muy cuestionado. Eso hace que el sector se paralice ante la incertidumbre regulatoria”, añade.
“Esa conclusión tiene sentido, porque los informes de los organismos técnicos son vinculantes, no se sacan para que el ciudadano opine. Ningún proyecto con evaluación de impacto ambiental se ha tramitado así en España ni en Europa desde 2013″, apunta Márquez, de la patronal AEE. “Los tribunales superiores de otras comunidades, como Andalucía y Madrid, no han seguido esta interpretación, y tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo”, prosigue.
“Esas dos medidas son una tropelía y van contra la libre competencia y el libre mercado de la electricidad”, critica Ferrando. “Destinar una parte de la electricidad a Galicia no tiene sentido en un mercado liberalizado. En cuanto a la repotenciación, lo que hay que hacer es incentivarla con un marco estable, establecer ayudas y acelerar los procesos administrativos, pero no obligar a repotenciar en todos los casos”. Márquez, de AEE, señala que la entidad recurrirá estas decisiones y recuerda que la repotenciación requiere de una nueva evaluación ambiental: “Algunos de los parques paralizados son repotenciaciones”.
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Source: elpais.com