EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: [email protected] Si es un caso en América Latina, la dirección es: [email protected]

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La parroquia de Santa Marta, en Pontevedra, celebró el pasado 19 de diciembre una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de ordenación sacerdotal de Manuel Rodríguez Hermelo, quien fue el primer sacerdote tras la fundación del templo en 1994 y estuvo al frente de ella hasta agosto de 2021. La diócesis de Tui-Vigo permitió el homenaje y lo reportó en su página web y en sus redes sociales, aunque el viernes borró las publicaciones horas después de ser contactada por este diario. Conocía desde el mes de mayo, a través de EL PAÍS, que este cura está acusado por abuso de menores por un exalumno del Seminario Menor de Tui entre 1969 y 1971, un caso que estaría prescrito para la justicia. El testimonio estaba incluido en el quinto informe que este diario entregó el pasado 30 de mayo al Defensor del Pueblo, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Vaticano con 79 nuevas acusaciones de pederastia contra 87 clérigos, una información que obliga a los obispos a abrir una investigación, según la normativa dictada por el Papa.

Uno de los acusados es Rodríguez Hermelo. La persona que lo denuncia, cuya identidad estaba protegida en el informe, al igual que la del resto de testimonios, es Gonzalo Tomé Fernández, de 68 años. Ahora desea salir a la luz para reafirmar su acusación, que también ha comunicado a la oficina de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo. Él no se muestra sorprendido con el homenaje. “Por desgracia, las cosas funcionan así”, opina.

Rodríguez Hermelo, octogenario y natural de Aldán (Pontevedra), fue ordenado en 1959. A lo largo de su vida fue rector del Seminario Menor de Tui y del Seminario Mayor de Vigo, delegado diocesano de Pastoral familiar, profesor de religión en distintos institutos gallegos, párroco de Santa Marta y presbítero del arciprestazgo Vigo-As Travesas.

EL PAÍS siempre informa a las personas que relatan abusos de los canales para ponerse en contacto con la Iglesia y aportar personalmente su testimonio, pero muchas prefieren no hacerlo, y la mayoría de las que lo hacen quedan decepcionadas por la atención. Hace dos meses este diario publicó un análisis de 113 casos y casi todos, 108 denunciantes de abusos, acusaban a obispos y órdenes religiosas de no contestar a sus correos, alargar los procesos y obligarles a firmar cláusulas de confidencialidad, prohibidas por el Papa. Tomé comenta que prefiere no ponerse en contacto con la diócesis: “Me parece una burla como actúa la Iglesia ante estos casos, es como preguntarle a la persona que me dio un puñetazo cuántos más me va a dar”.

Las normas aprobadas por el papa Francisco en 2019 para acabar con el encubrimiento obligan a cualquier obispo o superior religioso a abrir una investigación interna ante cualquier información de un posible caso. Las reglas del Vaticano son muy claras, resumidas en el vademécum publicado en julio de 2020. La notitia de delicto, es “toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario o al Jerarca”.

No es necesario que se trate de una denuncia formal (artículo 9). Puede llegar de cualquier modo, también por los medios de comunicación (artículo 10). Incluso, sin datos precisos debe ser estudiada y si es verosímil debe abrirse una investigación previa (artículos 13 y 16), que luego hay que enviar a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe (artículo 69).

“Sabemos esta normativa y hemos hecho la investigación hasta donde hemos podido. Ya no voy a contestar más preguntas”, responde Vidal por mensaje al consultarle si conoce estas reglas. Además de este caso, la diócesis de Tui-Vigo cuenta con nueve acusaciones más de abuso contra otros religiosos, según la base de datos elaborada por este periódico. Vidal cuenta que “lamentablemente” a lo largo del tiempo sí recibieron incriminaciones contra otras personas, respecto a las que, asegura, ya han tomado medidas.

Gonzalo Tomé Fernández acusa a Rodríguez Hermelo de abusar de él entre 1969 y 1971 en el internado del Seminario Menor de Tui, ubicado en Pontevedra. “Aparecía en mi habitación por la noche, me acariciaba y me masturbaba por encima de las sábanas, nunca metió la mano dentro. Me iba haciendo caricias, me besaba en el cuello y en la oreja. Incluso, alguna vez en la boca. Con la mano me masajeaba hasta que yo eyaculaba. Entonces, yo me hacía el dormido y él se iba”, relata.

Tomé, de origen gallego, pero residente fuera de esta autonomía, cuenta que Rodríguez Hermelo era el único sacerdote del Seminario Menor de Tui que no vestía el hábito por aquel entonces. “Era campechano, un poquito más liberal que el resto de los curas, iba de paisano con un traje y un alzacuellos pequeñito. Por ello, nos caía muy bien a todos”, recuerda. Sospecha que no fue el único que vivió una situación como la que relata, aunque dice que nunca lo comentó con los demás compañeros: “Había un respeto porque mandaba en el colegio”.

Su testimonio fue incorporado en el quinto dosier de EL PAÍS. Como ocurrió con los anteriores informes elaborados por este periódico, la CEE reenvió los casos a los obispados y órdenes religiosas correspondientes para que, como obliga el derecho canónico, abrieran una investigación y, posteriormente, decidan sobre una posible reparación a las víctimas. Desde 2021, este diario ha remitido a la Iglesia católica un total de 783 testimonios con acusaciones de abusos, más de 1.600 páginas de relatos que aún esperan una respuesta. EL PAÍS también lleva la única base de datos sobre el escándalo, que en este momento registra 1.534 acusados con al menos 2.817 víctimas.

El obispo de Tui-Vigo cuando ocurrieron los hechos era José Delicado. Le sucedieron José Cerviño en 1974, José Diéguez y Luis Quinteiro, quien ostentó el cargo hasta el 20 de julio de 2024. Este último fue el que recibió la acusación contra Rodríguez Hermelo. En el pasado, Quinteiro ya fue cuestionado por su gestión del escándalo de los Miguelianos, que terminó en 2018 con una condena de nueve años por abuso sexual al líder de esta asociación con rasgos de secta. En el juicio, el obispo admitió que no denunció el caso a la justicia y se limitó a apartar al acusado e incoar un expediente canónico. Tras su renuncia por edad, el prelado Antonio Valín le sucedió en el puesto.

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Source: elpais.com