La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, asesinada en febrero pasado en la Universidad de Georgia en Athens por José Antonio Ibarra, un venezolano que cruzó ilegalmente la frontera en septiembre de 2022 y al que, tras haber sido detenido por un hurto, se le permitió permanecer en libertad tramitando su situación legal. Ibarra fue condenado a cadena perpetua en noviembre.

El proyecto de ley fue aprobado por 264 votos a favor y 159 en contra en la Cámara de Representantes, donde 48 congresistas demócratas le dieron su apoyo junto a todos los republicanos. Sin embargo, fue en el Senado donde el apoyo demócrata resultó decisivo para que la tramitación de la ley continúe. En la Cámara alta hacen falta 60 de los 100 votos para superar el obstáculo del filibusterismo, que impide someter a votación una iniciativa legal sin ese apoyo. Aunque los republicanos tienen solo 53 senadores, la votación clave registró 84 votos a favor y solo 9 en contra.

“No solo voy a votar a favor de la Ley Laken Riley, sino que la voy a copatrocinar”, tuiteó el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego. “Los habitantes de Arizona conocen mejor que nadie las consecuencias reales de la crisis fronteriza actual. Debemos dar a las fuerzas del orden los medios para actuar y prevenir tragedias como la ocurrida a Laken Riley”, añadió. Por su parte, John Fetterman, senador por Pensilvania, escribió: “Apoyo una frontera segura. Apoyo una vía legal para los dreamers [que llegaron como menores hijos de inmigrantes y han hecho su vida en el país]. Apoyo la Ley Laken Riley”.

También supone un cambio con respecto al primer mandato de Trump, cuando los demócratas le plantaron cara desde el principio en casi todas sus medidas. Ahora, parecen dispuestos a adoptar una nueva estrategia, cooperar con los republicanos en algunos asuntos y elegir bien sus batallas.

Una de las objeciones que esas organizaciones y parte de los congresistas demócratas ponen a la ley es que no hace falta que los inmigrantes sean juzgados y condenados por esos delitos menores, sino que basta con que sean acusados o detenidos por ellos. Alegan que eso viola la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y que, por tanto, vulnera la Constitución. Otros critican que, con los escasos recursos disponibles, poner el foco en los autores de delitos menores puede acabar reduciendo el esfuerzo por concentrarse en los casos más peligrosos y violentos.

El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufrían catástrofes naturales o conflictos civiles, concediendo a las personas autorización para trabajar en periodos de hasta 18 meses cada vez. Alrededor de un millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, entre ellos personas de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano, informa Associated Press.

Trump sugirió en campaña que reducirá las políticas que conceden estatus temporal. Durante su primer mandato, decidió poner fin al TPS para El Salvador, pero los tribunales lo evitaron.

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Source: elpais.com