La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) de Corea del Sur ha detenido este miércoles al presidente cesado Yoon Suk-yeol, 43 días después de que sorprendiese al mundo decretando la ley marcial en el país. Es la primera vez en la historia democrática de la nación asiática que un líder en ejercicio es arrestado. “He decidido comparecer ante la OICAF, aunque se trata de una investigación ilegal, para evitar cualquier posibilidad de que se produzca un derramamiento de sangre”, ha afirmado un desafiante Yoon en una declaración grabada en vídeo, después de que más de 3.000 agentes de policía marcharan hacia su residencia para detenerlo. “Esto no significa que apruebe la investigación”, aseveró. El de esta mañana era el segundo intento de ejecutar la orden de arresto contra el mandatario por imponer en diciembre durante unas horas la medida extrema y desatar una de las peores crisis institucionales en décadas.

La OICAF ha informado en un comunicado que el interrogatorio comenzó a las 11.00 (hora local) encabezado por el director adjunto de la institución, Lee Jae-seung. Los representantes legales de Yoon estaban presentes, pero según ha adelantado la agencia Yonhap, el político se ha negado a declarar. La primera jornada de interrogatorio ha concluido a las 21.40, tras más de diez horas; al terminar, el destituido presidente ha sido conducido al Centro de Detención de Seúl en Uiwang, a unos 22 kilómetros al sur de la capital coreana, donde pasará la noche antes de someterse de nuevo a las preguntas de los investigadores el jueves. El proceso de indagación no se ha grabado en vídeo debido a las objeciones de Yoon, según la agencia anticorrupción.

El interrogatorio preveía abordar más de 200 páginas de preguntas, según Yonhap, para intentar sustentar las principales acusaciones que pesan sobre Yoon por la efímera imposición del control militar del país el pasado 3 de diciembre. Los investigadores quieren detalles de lo ocurrido desde que se planificó el plan de proclamar la ley marcial hasta que se ejecutó. Aunque la OICAF ha estado investigando a Yoon por acciones que podrían constituir insurrección y abuso de poder, no está claro hasta dónde llegan las competencias de esta institución.

El ambiente político tenso y polarizado del país tiene también consecuencias en la calle. En la tarde noche de este miércoles, un hombre ha resultado gravemente herido tras prenderse fuego cerca de la oficina donde se lleva a cabo el interrogatorio; ha sido trasladado a un hospital, donde permanece en estado grave.

En medio de esta situación, el Tribunal Constitucional surcoreano arrancó el martes el juicio en el que debe rechazar o convalidar el cese de Yoon como jefe del Estado aprobado en la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. El máximo tribunal suspendió la sesión después de que el presidente no se presentase. La próxima está programada para el jueves y, si Yoon no asiste, el procedimiento continuará con su equipo legal representándolo.

“A diferencia de lo ocurrido durante el primer intento de arresto, no hubo personal ni efectivos del servicio de seguridad presidencial que se resistieran activamente a la ejecución”, comunicó un funcionario de la OICAF a la agencia Yonhap. “Prácticamente no hubo enfrentamientos físicos hoy”, declaró. El 3 de enero, las autoridades se vieron obligadas a abortar la operación después de que el servicio de seguridad del presidente, formado por soldados y funcionarios, les impidieran adentrarse en las dependencias oficiales: cerca de 200 guardias formaron un muro humano que bloqueó la entrada, constatando el choque entre agencias y poderes del Estado.

Yoon, cesado de sus funciones de forma provisional tras una votación parlamentaria el 14 de diciembre, está acusado de insurrección por tratar de imponer la ley marcial del pasado 3 de diciembre. El dirigente ha rechazado en todo momento los cargos que se han presentado en su contra y ha defendido su actuación como un “acto de gobierno”. Llevaba semanas encerrado en las dependencias oficiales, rodeadas por una multitud de simpatizantes que desafían las gélidas temperaturas. Esta mañana se calculaba que había unos 6.500 partidarios del presidente destituido.

“Esto no es una aplicación justa de la ley”, ha declarado Yun Gap-geun, uno de los abogados, que ha calificado de “ilegal” el arresto. La policía también trata de detener al subjefe del equipo de seguridad presidencial, Kim Seong-hoon, jefe en funciones del servicio, por supuestamente obstruir a los investigadores para que no detuvieran a Yoon. La policía ha circulado mensajes advirtiendo de que cualquier intento de resistirse a la ejecución de las órdenes podría llevar a la detención.

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Source: elpais.com