Hubo un tiempo no tan lejano —se mide en años y meses, no en lustros o décadas— en el que a las grandes compañías les temblaban las canillas ante la posibilidad de ser acusadas de greenwashing o ecopostureo. Tenían miedo a que se les cazara haciéndose pasar falsamente por comprometidas con el medio ambiente y la lucha climática. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, feroz enemigo de las políticas medioambientales, ha impulsado lo contrario: el greenhushing, el silencio verde o el miedo a que las empresas sean acosadas por sus medidas ambientales si las hacen públicas. 2025 ha comenzado con un goteo de entidades financieras estadounidenses anunciando que se retiran de una alianza internacional nacida en la cumbre del clima de Glasgow, de 2021, que tenía como objetivo limpiar de emisiones de efecto invernadero al sector bancario global. Los seis bancos más importantes de EE UU —JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs— han dejado esa alianza (NZBA, sus siglas en inglés) auspiciada por la ONU.
A ellos se les unió hace una semana BlackRock, el mayor grupo de inversión del planeta (más de 10 billones de euros en activos bajo gestión), que ha abandonado el llamado foro Net Zero Asset Managers, que también persigue el objetivo de llegar a las emisiones netas cero a mediados de siglo. El caso de BlackRock tiene una carga simbólica de altura, porque bajo la batuta de su fundador y jefe, Larry Fink, se había convertido en uno de los mayores apologetas de lo verde. Pero, según ha explicado en una carta su vicepresidente, Philipp Hildebrand, formar parte de esa alianza “causaba confusión sobre las prácticas de BlackRock” y les “había sometido al escrutinio legal por varios organismos públicos”.
Trump es la gran ola final, pero esta guerra contra las empresas y los llamados criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) es una marea que viene de antes. La primera vez que Joe Biden usó el veto presidencial, en marzo de 2023, fue para bloquear una resolución republicana que quería que no se pudiesen usar criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de los planes de pensiones. De ser algo de lo que las empresas presumían, principios como la diversidad, la igualdad y la inclusión se convirtieron en un factor de riesgo. En la primavera de 2023, las compañías de distribución Target y Kohl’s, la cadena de restaurantes Chick-Fil-A, la marca de cervezas Budweiser, las construcciones de Lego y hasta las golosinas de M&M’s fueron objeto de ataques y boicoteos que les costaron miles de millones de valor en Bolsa por su apoyo a la comunidad LGTBI.
Las políticas de diversidad, igualdad e inclusión nacieron al calor de la discriminación positiva o acción afirmativa para favorecer a minorías. En la última década, su aplicación se disparó con los movimientos #MeToo y Black Lives Matter. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo de 2023 que declaró inconstitucional la discriminación positiva por motivos raciales en el acceso a las universidades, grupos conservadores pusieron en el punto de mira a las empresas con políticas de diversidad y empezaron a presentar demandas. A eso se unió el año pasado la presión desde las redes sociales de algunos activistas, entre los que el más destacado es Robby Starbuck.
La victoria más simbólica para los conservadores es el abandono por parte de Meta de sus prácticas de diversidad e igualdad, anunciada la misma semana en que Mark Zuckerberg acababa con la verificación de contenidos en la red social. Meta desmantela su equipo de diversidad, modifica sus políticas de contratación y deja de favorecer a proveedores con políticas de ese tipo. Pero, aunque el miedo se extiende en Estados Unidos, no todas las empresas se rinden: el consejo de Apple ha recomendado en la que se pide a la empresa dejar de lado sus prácticas de diversidad.
Las espantadas verdes se han acelerado ahora ante la inminente toma de posesión de Trump, pero cuatro gigantes financieros estadounidenses (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco) ya habían abandonado o reducido en febrero de 2024 su vinculación con Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos de inversión y multinacionales para la reducción de emisiones. Las entidades argumentaban que las cuestiones climáticas se habían convertido en asuntos políticos, lo que podía implicarles riesgos de reputación.
Paul Polman, que fue el primer ejecutivo del gigante paneuropeo del consumo Unilever durante casi una década, vincula directamente la presión política sobre los conglomerados financieros que habían intentado dar pasos frente al cambio climático al “cabildeo” de la industria de los combustibles fósiles. “Es lamentable. El año pasado, las inversiones en energía verde más que duplicaron las de combustibles fósiles. La realidad es que necesitamos triplicarlas, y estos movimientos sin duda lo ralentizarán. Llámalo falta de liderazgo valiente o comportamiento egoísta a corto plazo, pero la realidad es que los inversores en combustibles fósiles corren el riesgo de convertirse en los verdaderos anticapitalistas. Hacer que el dinero fluya hacia la transición climática es financieramente sólido y moralmente correcto”.
Schuwerk, de Carbon Tracker, no cree que la consecuencia de este proceso sea un incremento de la exploración y desarrollo de proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, al eliminar trabas para las emisiones contaminantes y de efecto invernadero de este sector, que restaban competitividad a los combustibles frente a las renovables (mucho más baratas), Schuwerk cree que se podría “disuadir a algunos inversores institucionales de alejarse” del petróleo y el gas por ahora. Deepshikha Singh, de Crédit Mutuel Asset Management, un fondo francés, explica que el apoyo de Trump “a los combustibles fósiles y el retroceso de las políticas climáticas podrían crear importantes obstáculos para el sector de la inversión sostenible y también para las empresas comprometidas con la reducción de su huella de carbono”. Aunque, como advertía esta semana en un encuentro con periodistas Frances Colón, responsable del área de política climática de la asociación Center for American Progress, “la transición a la energía limpia no hay quien la pare ya”.
En la misma línea, Gonzalo Sáenz de Miera, directivo de Iberdrola y vicepresidente del Corporate Leaders Group (una alianza empresarial de la UE que apuesta por la descarbonización), afirma que “Europa va a seguir con su transición energética”. Y, según su visión, lo hará por razones de “competitividad, seguridad energética y política industrial”. “China, igual: quiere liderar la industria del futuro. Esto es una carrera y creo que EE UU no va a dejar de apostar por el futuro, no va a querer dejar esta carrera”, añade Sáenz de Miera. “Claro que Trump va a tener impacto, pero esto no va a suponer el retroceso en la transición energética, ni en Europa ni en el mundo”, opina optimista.
A Helena Viñes, economista y presidenta de la plataforma europea sobre finanzas sostenibles, le preocupan los posibles efectos negativos en la inversión climática que pueden producir los últimos anuncios de bancos y fondos sobre el abandono de esas alianzas. En Europa, también le inquieta el auge de una pulsión desregulatoria que comienza a ganar terreno, “sobre todo si esta no se basa en la evidencia ni está orientada a mejorar la eficiencia normativa”, añade. La actual Comisión Europea está mucho más escorada a la derecha que en el anterior mandato de Trump, cuando la alianza entre socialdemócratas y populares hizo que se tomara la lucha contra el cambio climático como una de las principales señas de identidad de la UE.
Pero en Coporate Europe Obervatory, una asociación centrada en la vigilancia de las actividades de cabildeo en Bruselas, las alarmas se han encendido. Se teme que “la agenda radical proempresarial de Trump” empuje a la Comisión de Von der Leyen a priorizar la desregulación y el bienestar corporativo para salvaguardar supuestamente la competitividad frente a Estados Unidos, donde se ha instalado la ley del silencio verde.
Con información de Ignacio Fariza, Manuel V. Gómez y Miguel Moreno Mendieta.
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Source: elpais.com