Asociaciones empresariales relacionadas con la alimentación y la distribución han empezado a reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica y organizaciones de consumidores con el fin de poner en marcha en toda España un nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para los envases de bebidas. Este paso en el sector de los residuos urbanos, que supone un cambio importante para los ciudadanos y las superficies comerciales, es una obligación fijada por la legislación española como consecuencia del incumplimiento de los objetivos europeos de recogida de botellas de plástico para su reciclaje. Los requisitos básicos vienen marcados por el Real Decreto 1055/2022: los envases afectados son las botellas de plástico, las latas y los briks de agua, zumos, refrescos y bebidas energéticas y alcohólicas. En cuanto a su funcionamiento, en un plazo de dos años, todos estos productos deberán incorporar en su precio de venta un depósito de un mínimo de 10 céntimos que los consumidores pagarán y que luego podrán recuperar al devolver el envase vacío. La experiencia en otros países europeos, como Alemania, Noruega o Países Bajos, muestra que estos sistemas SDDR aumentan de forma significativa la recuperación de estos residuos para su reciclaje, evitando que acaben tirados en cualquier parte. Pues, de pronto, son dinero.
El principal punto de discusión en estos momentos se refiere a los dos años establecidos por la legislación para la implantación de este nuevo sistema. A las preguntas formuladas por EL PAÍS, las principales asociaciones empresariales que están participando en las reuniones —FIAB (productores de alimentos y bebidas), Asedas (supermercados), Anged (grandes empresas de distribución) y Aecoc (fabricantes y distribuidores)— defienden una flexibilización de este plazo, pues argumentan que este es un cambio muy complejo que afecta a unos 25.000 establecimientos de venta (aparte del pequeño comercio). Por su parte, fuentes de Transición Ecológica reconocen la complejidad del cambio, pero aseguran que el ministerio no contempla un retraso.
Miquel Roset, director de Retorna —plataforma que desde hace 15 años reivindica la creación de un sistema de SDDR en España—, participa en las reuniones del ministerio con las asociaciones empresariales como observador. Según reconoce, “hay una buena disposición de todos para avanzar”.
Según Ignacio García Magarzo, director de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), “todos los sistemas de SDDR que hemos visto en Europa son interesantes, pero no hay ninguno que se adapte a las particularidades de España: a nuestra estructura de la distribución, hábitos de los consumidores o número de turistas”. “Está el alemán, el noruego, el danés, el holandés, el lituano… Hay cosas de unos que valen y otros que no. Si se quiere hacer bien, que el consumidor lo acepte y ayude de verdad a mejorar el cumplimiento de objetivos, hace falta diseñar un SDDR español”.
El director de Asedas subraya que en el pasado ha habido ejemplos de cambios ambientales en supermercados con resultados muy distintos por cómo se llevaron a cabo: “En 2012, España eliminó el 85% de las bolsas de plástico que se daban en las cajas dos años antes del calendario obligatorio, sin que la administración nos dijera cómo había que hacerlo: cada empresa pudo escoger cómo lo hacía. Años después, el Gobierno se empeñó en que las bolsas para la fruta en los supermercados fueran compostables, antes de que funcionaran de verdad los canales de recogida de residuos orgánicos para que se pudieran compostar”, señala. “Obligar a anticipar el cambio ha generado unos costes importantes para empresas y consumidores que no eran necesarios y podrían haberse evitado escuchando a las empresas”, defiende.
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Source: elpais.com