La avalancha de órdenes ejecutivas de un Donald Trump impaciente por cumplir sus promesas electorales y cambiar cuanto antes el rostro de la sociedad estadounidense no se hizo esperar. En su primera jornada como presidente ―una jornada en la que, prometió en campaña, estaba listo para ser “dictador por un día”― probó no solo que tiene prisa, sino también que esta vez conoce los resortes de Washington y que no piensa aceptar un no por respuesta, incluso aunque eso suponga atacar frontalmente el sacrosanto texto de la Constitución estadounidense.

En sus primeras horas en el Despacho Oval (y antes, en un estadio abarrotado de miles de simpatizantes sedientos de espectáculo), Trump estampó su firma picuda en 41 documentos con un amplio abanico de consecuencias: desde cerrar la frontera con México y acabar con la principal vía legal para solicitar asilo a indultar a unos 1.500 procesados y condenados por el asalto al Capitolio; y desde prorrogar el permiso a TikTok para operar en el país a sacar a la primera potencia mundial del acuerdo climático de París o renombrar el golfo de México (de América, desde este lunes).

Cabe cuestionar desde el punto de vista de su desprecio por las reglas de la democracia algunas de esas medidas, como la de ordenar al Departamento de Justicia que no cumpla una ley, en el caso de TikTok, o la de perdonar los delitos más graves del 6 de enero, que incluyeron acciones violentas contra los agentes como parte de un ataque premeditado al principio de la transferencia pacífica del poder contemplado en la Constitución de Estados Unidos. Pero ninguna de esas órdenes ejecutivas firmadas por Trump ofrece tan serias dudas jurídicas como la que acaba con la ciudadanía por nacimiento (birthright).

En un gesto que también recordó a los rituales de su primera Administración, la oposición en los tribunales a esa medida, cuya entrada en vigor está prevista en 30 días, tampoco se hizo esperar. Antes del final del día, la veterana Asociación en Defensa de las Libertades Civiles (ACLU son sus siglas en inglés) la impugnó en un juzgado de New Hampshire. Después, se sumó con otra querella Abogados por los Derechos Civiles. Ambas lo hicieron en nombre de parejas a punto de ser padres.

Por último, una coalición de 18 Estados, al que luego se añadieron otros cuatro, cursó este martes otra demanda que alega que la orden, titulada Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, viola los derechos constitucionales de miles de niños y acarrea costos indebidos a las autoridades locales, dado que perderán la financiación federal vinculada a Medicaid (algo así como la Seguridad Social) y al seguro médico infantil. El Distrito de Columbia (Washington) y la ciudad de San Francisco ―como el resto de demandantes, bajo control demócrata― también se adhirieron.

A Trump no parecen importarle estos desafíos, que cabía prever, ni que la nacionalidad por nacimiento esté íntimamente entrelazada con la historia de la construcción de Estados Unidos como nación y sea un elemento indispensable de esa entelequia llamada “sueño americano”. Tampoco, que la Decimocuarta Enmienda arranque con una de las frases más famosas de la Constitución: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Esa provisión fue ratificada en 1898 por el Tribunal Supremo, cuando a Wong Kim Ark, un joven nacido en San Francisco de padres inmigrantes, le denegaron la entrada al país después de ir a China para ver a su familia en un periodo en el que la furia contra la inmigración ―especialmente, la asiática― arreciaba en Estados Unidos. Wong recurrió la decisión y el Supremo le dio la razón. En 1924, el birthright se extendió a los nativos estadounidenses.

Otra de las órdenes ejecutivas que causó mayor conmoción en el primer día de Trump 2.0 es la que pone en libertad a unos 1.572 encausados y condenados por el asalto al Capitolio. En este caso, la indignación que ha causado en Estados Unidos es sobre todo moral, por lo que tiene de reescribir la historia de un grave ataque a la sede del poder legislativo y a uno de los pilares de la democracia estadounidense.

Con todo, está en la mano del presidente administrar perdones como esos. No solo eso: es una costumbre habitual en los periodos de transición en la Casa Blanca, de la que su predecesor, Joe Biden, ha hecho un amplio uso estos meses. Biden ha indultado, por ejemplo, a 37 de los 40 presos que aguardaban su suerte en el corredor de la muerte federal, en la prisión de Terre Haute (Indiana). En su último día en el cargo, ordenó la puesta en libertad de Leonard Peltier, activista indígena acusado del asesinato hace medio siglo de dos agentes federales en un caso lleno de interrogantes e impugnado durante décadas por asociaciones como Amnistía Internacional.

En una serie de decisiones más objetables, Biden concedió indultos preventivos a quienes considera que podrían ser víctimas de persecución injusta por parte de Trump, y eso incluye a la excongresista republicana Liz Cheney, que fue miembro del comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio; al general retirado Mark Milley, que se negó a sacar las tropas para sofocar las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020; y al doctor Anthony Fauci, director desde la Casa Blanca de los esfuerzos para detener la extensión de la pandemia del coronavirus. También, en una decisión posterior, indultó a miembros de su familia, como había indultado en diciembre a su hijo, Hunter, tanto por sus delitos pasados como los futuros, pese a que había prometido reiteradamente que no lo haría.

Riley considera que el perdón de Trump a los insurrectos es “un abuso flagrante y sin precedentes de los poderes presidenciales”. “Los redactores de la Constitución se estarán revolcando en sus tumbas. El indulto debería estar reservado para impartir justicia en los casos excepcionales en que el sistema jurídico ha fallado, como una última oportunidad para corregir errores mediante actos de clemencia ejecutiva. Nunca se pretendió que se utilizara para revocar sentencias judiciales acertadas o para recompensar a aliados políticos, y ciertamente no se pretendía que se utilizara en ningún caso como arma política para beneficiar a amigos o castigar a oponentes políticos. En un sistema político que funcionara adecuadamente, esto se respondería con un impeachment”, añade el experto.

En cuanto a TikTok, la orden ejecutiva ataca una ley aprobada por las dos cámaras y ratificada por Biden, que permitía la concesión a ByteDance, propietaria china de la red social, de una prórroga en su aplicación siempre que tuviera en marcha una opción de venta de la empresa a una compañía estadounidense. Lo firmado por Trump pide expresamente a la fiscal general, Pam Bondi, aún pendiente de ratificación por parte del Senado, y al Departamento de Justicia que olvide durante 75 días que esa norma existe y que, por tanto, se abstengan de hacerla cumplir. “Durante este periodo”, dice el texto aprobado este lunes, “no se tomará ninguna medida para hacer cumplir la ley o imponer sanciones contra cualquier entidad por cualquier incumplimiento de la ley”.

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Source: elpais.com