Donald Trump estrenó el lunes su segundo mandato como presidente de Estados Unidos con una avalancha de decretos destinados a barrer la era de su predecesor, Joe Biden, y dar un brusco giro de timón a la política migratoria, energética y de diversidad. Aunque Trump forzó los límites de la autoridad ejecutiva, para muchas de sus prioridades no basta con los decretos presidenciales, sino que necesitan respaldo legal. El Congreso, de mayoría republicana, le ha servido en bandeja la primera ley de la nueva legislatura que permite al presidente poner el foco en una de esas prioridades: las deportaciones. La aprobación de la ley ha dejado al Partido Demócrata dividido sobre la cuestión.
La votación final se produjo el miércoles en la Cámara de Representantes y la ley fue apoyada en bloque por los congresistas republicanos y por 46 demócratas. El resultado global de la votación, con 263 votos a favor y 156 en contra, confirma el viraje de parte de los demócratas en la materia. La ley ya fue aprobada por la Cámara baja el año pasado, pero se atascó en el Senado, entonces controlado por el partido de Joe Biden. Ahora, los senadores demócratas han contribuido a desbloquear su tramitación por la vía rápida también en la Cámara alta.
Lo que la ley no incluye es nueva financiación para reforzar los medios del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Interior ha calculado que la aplicación de la nueva ley costaría 26.900 millones de dólares en el primer año, incluido un aumento de 110.000 camas de detención del ICE. Trump quiere que se destinen nuevos fondos a migración en una nueva ley que también sirva para prorrogar las rebajas de impuestos de su anterior mandato, que vencen a finales de este año. Para hacer frente a nuevos gastos y menos ingresos sin aumentar el ya desbocado déficit público será necesario abordar recortes en otras partidas.
Parte de los demócratas han criticado la ley por esa falta de financiación, pero otros lo han hecho por cuestión de principios, especialmente en el ala progresista del partido. “Es vergonzoso que la primera ley del nuevo Congreso ponga una diana en la espalda de millones de nuestros vecinos y aumente la militarización de nuestros barrios”, señaló en un comunicado la congresista por Míchigan Rashida Tlaib. “Es una violación flagrante de las garantías procesales y dará lugar a la detención y deportación obligatorias de personas que simplemente están acusadas de un delito, sin ni siquiera haber sido condenadas. Separará a las familias y conducirá a un aumento de los perfiles raciales. Dará aún más poder a Trump para desatar la deportación masiva en nuestras comunidades. Es una vergüenza que mis colegas cedan al alarmismo racista a la primera oportunidad de aprobar una ley para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios y alimentar el odio en nuestras comunidades”, añadió.
Un buen grupo de miembros del Partido Demócrata, en especial de circunscripciones donde han sido elegidos con una mayoría ajustada, han visto cómo entre el electorado ha calado el mensaje de mano dura contra la inmigración irregular de Trump y han decidido apoyar la ley. Algunos incluso la han copatrocinado como los senadores por Arizona, Rubén Gallego, y por Pensilvania, John Fetterman.
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Source: elpais.com