El juez John Coughenour ha dado la razón a los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, quienes acudieron en bloque a los tribunales a recurrir la propuesta del Ejecutivo, firmada por Trump después de tomar posesión, el pasado 20 de enero. El togado se ha pronunciado solo en una de las cinco demandas que se han presentado en contra de la orden ejecutiva, que provocó un torrente de recursos promovidos por un total de 22 Estados y que ha sido respaldada por varias organizaciones de derechos humanos. La primera demanda fue interpuesta apenas minutos después de la firma por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Esta orden es descaradamente inconstitucional”, aseguró Coughenour en la audiencia, celebrada ante el abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate, quien defendía la visión de Trump. El decreto es “imposible de comprender”, de acuerdo al juez, con más de cuatro décadas en la justicia desde que fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan. El togado dijo al letrado que no recordaba en su trayectoria otra medida que fuera tan claramente inconstitucional.

El Departamento de Justicia argumentó el miércoles que los Estados no tenían motivos suficientes para personarse como víctimas en el proceso. Esto a pesar de que muchas de las demandas iban acompañadas de nombres y testimonios de mujeres embarazadas cuyos hijos se pueden ver afectados por la medida, que debía entrar en vigor el 19 de febrero.

La decisión de Coughenour es la primera en lo que se prevé será una larga guerra judicial entre el Ejecutivo y sus opositores. La orden del juez de Seattle inicia el tránsito de la orden ejecutiva entre apelaciones y recursos en su camino rumbo al Tribunal Supremo, adonde podría llegar tras varios meses de conflicto. El entorno trumpista espera que alguno de los jueces conservadores que llegaron al Tribunal Supremo durante la primera presidencia de Trump rompa con su opinión unos 150 años de tradición y decante la decisión a favor de negar el derecho a la ciudadanía a los hijos de los indocumentados.

Aunque temporal, el fallo ha sido celebrado entre los colectivos defensores de derechos humanos. Estos advierten que aún quedan muchas batallas por librar. “Nos preocupan las informaciones que señalan que los aliados republicanos de Trump en el Congreso planean llevar a la ley esta peligrosa iniciativa”, señala Beatriz Lopez, codirectora de la organización Immigration Hub.

En 2022 nacieron en el país unos 255.000 bebés de madres sin papeles. Esto representa el 7% de todos los nacimientos de ese año. Cuando Trump firmó su orden ejecutiva, aseguró a las cámaras que su país era “el único en el mundo” que mantenía el principio de ius soli, el derecho de suelo, algo que debía de terminarse. El dato es incorrecto; hay unas 30 naciones que lo mantienen. Entre ellas están las naciones vecinas y principales socios de la potencia, México y Canadá.

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Source: elpais.com