La orden de Donald Trump de imponer aranceles de un 25% al acero y el aluminio que se importan a Estados Unidos, que afecta directamente a la Unión Europea, ya es oficial. Y entrará en vigor el 12 de marzo. En medio de la incertidumbre sobre las contramedidas europeas y el grado de la guerra comercial al que pueden llegar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Washington de que los gravámenes “injustificados” darán lugar a represalias “firmes y proporcionadas”. “La UE salvaguardará sus intereses económicos”, ha advertido la política conservadora en un breve comunicado, en el que dice que lamenta “profundamente” la iniciativa de Trump.

El gravamen a los dos metales es el primer golpe de la nueva Administración estadounidense a los intereses del club comunitario: los países europeos juntos representan el 15% de todo el acero que importa EE UU y los gravámenes afectan especialmente a Alemania, la primera economía de la UE.

Pero Bruselas aún está analizando el efecto de la imposición de aranceles de uno de sus principales aliados, y busca explorar con Washington fórmulas para evitar la escalada comercial. El Ejecutivo comunitario insiste en que los aranceles impuestos son ilegales, según las reglas de la Organización Mundial del Comercio y ha convocado una reunión de ministros encargados de Comercio para este miércoles.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha apresurado a apoyar a Von der Leyen. “La UE permanece unida para defender los intereses de sus empresas, trabajadores y ciudadanos”, ha dicho en las redes sociales. Otros líderes, como el español Pedro Sánchez, han seguido la misma senda.

Bruselas asegura que dará una respuesta “proporcionada”, lo que puede hacer pensar que responderá únicamente con represalias comerciales y no desplegará (al menos en un primer momento) toda su artillería. La UE podría recurrir a otras fórmulas, como el reglamento anti-coerción, que incluye medidas para cerrar el mercado europeo a ciertos bienes o servicios. Incluso, podría impedir que empresas de otro país concursen en licitaciones públicas o participen en proyectos financiados con el presupuesto comunitario. Este reglamento es un arma de seguridad económica que entró en vigor en 2023 y que estaba pensada más bien para China o Rusia, pero que ahora también podría aplicarse a Estados Unidos. Algunas voces reclaman que el mecanismo anti-coerción se emplee contra el potente sector tecnológico estadounidense, que además ha apoyado mayoritariamente a Trump.

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Source: elpais.com