El Ministerio de Sanidad tiene previsto crear un observatorio sobre el suicidio, que recopilará y difundirá información sobre la segunda causa de muerte no natural en España (tras las caídas accidentales). Es una de las medidas que contempla el primer Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, cuya aprobación está prevista para este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Las estrategias contra el suicidio han ido tradicionalmente embebidas en los planes de salud mental. Sanidad quería darle mayor protagonismo desgajándola y centrar más esfuerzos en un problema que viene creciendo en los últimos años, aunque según la última estadística del INE hubo una pequeña caída: 3.952 personas se quitaron la vida en 2023.

Borrás espera que este plan sea un primer paso para atender a los familiares de estas alrededor de 4.000 personas que cada año se quitan la vida. “Vemos cómo cuando hay un atentado o una catástrofe en seguida se moviliza atención psicológica, algo que no pasa con el suicidio, que deja muchas más víctimas. Si no ha funcionado la prevención, al menos que haya posvención”, zanja.

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 se enfoca en consolidar un modelo asistencial más centrado en la atención comunitaria, la integración de la salud mental en la sanidad general y la eliminación del estigma asociado a los trastornos psicológicos. Pone el foco en los determinantes sociales de la salud mental y trata de cambiar un modelo que recurre con demasiada frecuencia a los psicofármacos para problemas cuyo abordaje es más recomendable con psicoterapia u otras intervenciones. La desprescripción de este tipo de medicamentos es uno de los retos que Sanidad se ha marcado desde la llegada al ministerio de Mónica García.

Además, entre sus ocho líneas prioritarias, incluye el refuerzo de los recursos humanos, con la incorporación de nuevos profesionales y la mejora en sus condiciones laborales; la lucha contra el estigma y la discriminación; la optimización de la calidad en la prescripción de tratamientos y el abordaje de la salud mental en colectivos vulnerables, como personas sin hogar, menores tutelados o víctimas de violencia de género.

De nuevo, el plan es, como lo denomina Prado, “un faro de luz” con unas líneas maestras que pretenden influir en las comunidades autónomas, que son las que tienen la capacidad asistencial, más allá de las campañas y la labor de coordinación del ministerio.

España arrastra un enorme déficit en profesionales de la salud mental, mientras que los problemas reportados () no han dejado de crecer desde la pandemia. Hay seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, con datos de 2018, los últimos disponibles, recogidos por el Defensor del Pueblo, mientras que los psiquiatras son 12 por 100.000 habitantes, seis menos que la media de los países desarrollados (de la OCDE).

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Source: elpais.com