“Tras la muerte de sus madres, su situación de vulnerabilidad no hace más que incrementarse”, recoge el estudio. No solo por el dolor y el trauma ocasionado, sino por todo lo que, desde ese momento, deben afrontar: el abandono de los que, hasta entonces, han sido sus hogares; el proceso penal derivado de los crímenes; los trámites sucesorios; las cuestiones relativas a su acogimiento por los familiares que se hacen cargo de ellos o la tramitación de las ayudas a las que, en su caso, tienen derecho.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2023 fue el año en que más menores se quedaron huérfanos: 58 niños y adolescentes perdieron a sus madres a causa de estos crímenes. Le sigue 2015, con 51 menores en situación de orfandad; 2019, con 48; 2014, con 43; 2013, con 42; 2018, con 41 y 2024, con 36. “Sin duda, el entorno de violencia en el que han vivido ha condicionado su bienestar e impedido que hayan podido desarrollarse en plenitud”, señala el estudio. La infancia es la etapa en la que son más dependientes de la figura de sus progenitores.

En muchos casos, denuncian que tampoco se hace un seguimiento específico de las políticas públicas y la respuesta institucional, por lo que la evaluación de las medidas que se han ido aprobando a lo largo de los años es complicada. Por ejemplo, los datos sobre pensiones de orfandad específicas para estos menores no se han incorporado a los informes generales de rendición de cuentas sobre políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Una de las primeras conclusiones del estudio es que la orfandad a causa de un feminicidio es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos. Los menores habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos. El propio desarrollo del procedimiento judicial y de protección social hace que, incluso en los casos de familias sin especiales dificultades económicas, se bloquee el acceso a los recursos disponibles en caso de existir. La mayoría de huérfanos se quedan al cuidado de otros miembros de la familia.

“Las indemnizaciones del procedimiento judicial tienen por objeto reparar esta situación, pero tardan en llegar”, advierte el informe. Además, habitualmente no se hacen efectivas por insolvencia de los condenados. Por ello, la entidad pide mayor inmediatez en la entrega de ayudas, desde los primeros momentos, además de “subsanar ciertos problemas de acceso a las pensiones de orfandad de la Seguridad Social que, a pesar de reformas completadas, subsisten en la actualidad”.

De la misma manera, ruega mayor celeridad en el desarrollo de los procedimientos judiciales, más vigilancia y especial diligencia en la protección de los derechos de los menores y el entorno de las de las mujeres víctimas a lo largo de todo el procedimiento judicial y durante el cumplimiento de las penas.

“Frecuentemente, nos hemos encontrado casos de familias que no han sido informadas adecuadamente sobre el desarrollo del procedimiento, los cambios de centro penitenciario o el acceso de los condenados a los beneficios penitenciarios, de forma que no han podido ejercer sus derechos de acuerdo con el Estatuto de la Víctima”, recoge el estudio.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico [email protected]

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Source: elpais.com