Las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ son ilegales en España desde hace casi dos años. Así lo estableció una ley estatal ―el artículo 17 de la norma 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans―, aunque previamente diversa legislación autonómica ya habían censurado estas dañinas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. A pesar de que estar consideradas una infracción, con multas que pueden llegar a los 150.000 euros, no se han impuesto apenas sanciones. “Se ha generado una cultura de impunidad”, denuncia Saúl Castro, fundador y presidente de No es terapia, organización que este martes ha presentado una proposición de ley para castigar con cárcel la promoción y realización de estas pseudoterapias.

Aunque la ley trans lleva en vigor desde marzo de 2023, no ha sido hasta hace un mes que se ha abierto el primer expediente relacionado con las falsas terapias a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga), que presuntamente las promocionaban y organizaban. El Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente. “No me consta que se hayan iniciado más al amparo de la misma”, remarca Castro, que es abogado especializado en derechos humanos y LGTBIQ+ y cuya organización fue la que inició la denuncia contra las diócesis.

“Como la competencia sancionadora la tienen órganos administrativos de alto nivel, actúan de acuerdo con los intereses políticos y directrices ideológicas del partido titular del Gobierno autonómico”, denuncian desde la asociación española contra las terapias de conversión. “Se trata de una violencia que se perpetra en un entorno alejado del escrutinio público y de imposible tutela sin intervención judicial, por lo que solo la jurisdicción penal puede encargarse de una instrucción efectiva”, inciden.

De ahí surge la propuesta legislativa para penalizarlas, avalada por Sumar, Podemos, IU, ERC, Compromís, BNG, Más Madrid, Junts, Comuns y Bildu. En ella, demandan criminalizarlas (con penas que van de uno a cuatro años), incluyendo un artículo específico en el Código Penal; proteger a las víctimas y garantizar sus derechos, con indemnizaciones y recursos; y también un mayor estudio de su penetración y alcance. En 2023, durante la tramitación de la ley trans, Más País y Equo registraron una enmienda para penalizar estas falsas terapias, pero no salió adelante. Uno de los grupos parlamentarios que votó en contra fue el PSOE. Justamente, a los socialistas ha mandado un mensaje la senadora Carla Antonelli (Más Madrid): ”Como exmilitante, quiero dirigirme al Partido Socialista: están a tiempo de subirse al tren de la historia de nuevo, como han hecho, como hemos hecho tantas veces”.

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Source: elpais.com