Noelia debería estar muerta. A diferencia del común de los mortales, conocía de antemano la fecha de su fallecimiento: el 2 de agosto de 2024. Pero Noelia sigue viva a su pesar, luchando por ejercer su derecho a morir dignamente contra quienes tratan de impedírselo: su padre, la organización católica Abogados Cristianos y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 de Barcelona. La víspera del día señalado, la jueza suspendió de forma cautelar la aplicación de la eutanasia a esta joven parapléjica de 24 años. Su caso, el primero que llega a juicio en España, está pendiente de sentencia. Pero ha abierto ya una grieta en la aplicación de la ley, que ni contemplaba batallas judiciales ni la aparición de terceras personas dispuestas a alterar la voluntad del afectado.

La vida de Noelia, nacida en una familia muy desestructurada, ha sido de todo menos plácida. Las adicciones y los problemas de salud mental de los padres le llevaron a permanecer buena parte de su infancia y adolescencia en centros de menores, algunos con un marcado componente católico, según las fuentes consultadas por este diario. Los renglones de su biografía se torcieron todavía más en 2022. Noelia y, el 4 de octubre de ese año, después de haber consumido cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. No murió en el intento de suicidio como no consigue morir ahora. Pero quedó postrada sin remedio en una silla de ruedas, diagnosticada de una paraplejia completa.

Noelia sufre secuelas “permanentes e irreversibles” que le impiden llevar una vida mínimamente satisfactoria. El lenguaje médico, frío, es a veces más poderoso que cualquier metáfora: alteración sensitiva, dolor neuropático, incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas, dependencia funcional. Durante su rehabilitación en el Instituto Guttman de Badalona, ya expresó su voluntad de poner fin a tanto sufrimiento. “Ha predominado el deseo de solicitar la eutanasia”; “verbaliza que no quiere vivir”, escribieron sus doctoras tras entrevistarse con ella. El 10 de abril de 2024, formalizó su petición ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente (cada comunidad tiene el suyo) formado por juristas, médicos y expertos en bioética que garantiza la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

Los profesionales que han tratado con Noelia han sido más prudentes de lo habitual por tratarse de una chica joven. Hasta el punto de que los dos técnicos (un médico y una jurista) del CGAC que debían evaluar su caso fingieron que estaban en “desacuerdo” para forzar un pronunciamiento del pleno. El 15 de julio de 2024, tres meses después de la solicitud, sus 19 miembros emitieron, por unanimidad, un informe favorable a que Noelia recibiera la prestación de ayuda a morir. Presentaba “una situación clínica no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante” con incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias, por lo que cumplía con uno de los dos supuestos contemplados en la ley.

La demanda sostiene que la decisión de la CGAC vulnera el derecho fundamental a la vida e incumple los requisitos de una ley de la que se está “abusando”. Argumenta que Noelia no está preparada para decidir su destino. Sus problemas de salud mental (trastorno obsesivo-compulsivo) y supuestos cambios de opinión sobre la eutanasia “afectan a su capacidad para tomar una decisión libre”, le “nublan el juicio”. El padre ha aportado unos vídeos en los que se ve a Noelia “andar con ayuda de un andador”, lo que en su opinión refleja una mejora en su estado y le permiten llevar “una vida prácticamente normal”. Y expresa una esperanza que es suya, no de Noelia: tiene “muchísima vida por delante”.

Ninguno de esos argumentos tiene base alguna, según quedó en evidencia en el juicio, celebrado el martes a puerta cerrada (para proteger la intimidad de la afectada) en Barcelona. Siete médicos y peritos ratificaron que Noelia está plenamente capacitada para solicitar la eutanasia y que no ha cambiado de parecer. La joven, de hecho, repitió que su voluntad inequívoca, desde hace más de un año, es poner fin a su vida, y que lo único que están causando su padre y Abogados Cristianos es estirar el chicle y, paradójicamente, hacerle perder el tiempo y generarle más sufrimiento.

El derecho a vivir (y a morir) es “personalísimo” e “intransferible”, y no se puede pretender “proteger un derecho fundamental contra la voluntad de su titular”, recuerda en el escrito de oposición a la demanda. La Generalitat critica que el proceso judicial al que se le ha sometido solo está sirviendo para “dilatar la prestación reconocida” (han pasado ya ocho meses desde que la eutanasia fue aprobada) y para tratar de hostigar a Noelia hasta convencerla de que “desista”. La entidad católica, añade el texto, “se limita a expresar una divergencia ideológica tan legítima como inocua”.

En 2023, último año con datos publicados, se concedieron 334 eutanasias de las 766 que se solicitaron. La mitad que no se realizó se debe, sobre todo al fallecimiento del solicitante antes de la resolución, lo que ocurrió en un 25% de los casos (190). Tarda una media de 67 días, cuando los plazos de la ley permitirían que fueran 35. El rechazo administrativo es el segundo factor para el rechazo, en casi otro 25% de los casos (188). 

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Source: elpais.com