La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre 1988 y 2017, por urdir una trama para “beneficiar” económicamente desde el organismo deportivo a, entre otros, su propio hijo, Gorka Villar. El ministerio público mantiene que el exmandatario cometió hasta cuatro delitos distintos al “aprovecharse” de su cargo para, junto a su entonces vicepresidente Juan Antonio Padrón, impulsar contratos en condiciones “perjudiciales” para la RFEF (como la celebración de partidos amistosos de la selección absoluta masculina de fútbol) y para pagar remuneraciones que “no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían”.

Con esta iniciativa, Anticorrupción da un paso más en el llamado caso Soule, que estalló en 2017 y que supuso la entrada en prisión provisional del expresidente de la RFEF —de donde salió tras pasar 11 días encerrado y pagar una fianza de 300.000 euros—. Este enero, el magistrado Francisco de Jorge, responsable del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, propuso sentar en el banquillo a Ángel María Villar, a su hijo Gorka, a Juan Antonio Padrón y a otras cinco personas por esta trama. El juez afirmó que existen indicios suficientes contra ellos y, en línea con la Fiscalía, atribuyó cuatro delitos al exjefe de la federación: corrupción en los negocios, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

El magistrado De Jorge ya señaló al respecto: “Ángel María Villar habría llevado a cabo esta actuación eludiendo el control y la intervención de todos los órganos competentes de la RFEF y atribuyendo a Gorka Villar tanto la elección de los equipos rivales como la negociación de las condiciones de la celebración de los partidos, a pesar de carecer éste de cualquier relación laboral o contractual o poder de representación de la RFEF”.

Los investigadores remachan que, igualmente, Villar beneficiaba a otras personas de “su confianza” con el abono de cientos de miles de euros por servicios no prestados o mediante la simulación de la jubilación de su propia secretaría con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad.

Además de la pena de 15 años y medio de cárcel, Anticorrupción reclama que se imponga a Ángel María Villar una multa de casi un millón de euros, y que tenga que hacer frente al pago de otros 4,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, junto a otros acusados. El ministerio público pide igualmente siete años de prisión para su hijo Gorka por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, para quien solicita una multa de 900.000 euros. Por su parte, Juan Antonio Padrón se enfrenta a una pena de seis años y medio de reclusión.

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

Source: elpais.com