La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) lleva tiempo denunciando una realidad que las administraciones públicas parecen querer ignorar: la infrafinanciación crónica del sistema universitario español. Pese a la promesa de alcanzar una inversión del 1% del PIB en educación superior, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sigue sin cumplirse y las universidades públicas continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de financiación insuficiente y desigual.
El problema no es nuevo, pero su persistencia amenaza con socavar los pilares de la educación pública y de calidad. Mientras que países como Dinamarca o Suecia destinan un porcentaje considerablemente mayor a sus sistemas universitarios, en España seguimos anclados entre el 0,7% y el 0,8% del PIB. Esta falta de compromiso con la educación superior no solo limita la calidad formativa, sino que ahonda las desigualdades entre territorios y perpetúa la dependencia del sector privado en un ámbito que debería garantizar la equidad de acceso y oportunidades.
Ante la falta de financiación pública, las universidades han recurrido cada vez más al sector privado para paliar su precariedad económica y las tasas siguen siendo altas en muchas comunidades. Esta situación no solo reduce el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables, sino que también la convierte en un espacio donde el poder adquisitivo determina la capacidad de formación.
Si la tendencia actual se mantiene, el sistema universitario público quedará sumido en un modelo elitista donde solo quienes pueden permitirse asumir los costos crecientes tendrán acceso a una formación de calidad. Esta deriva mercantilista contradice el principio de igualdad de oportunidades y pone en riesgo el papel de la universidad como motor de desarrollo social y económico.
Para revertir esta crisis, es imprescindible que se cumpla con el compromiso de destinar al menos el 1% del PIB a la educación superior, asegurando una financiación suficiente y estable. Además, es urgente que los fondos se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades autónomas, evitando que las diferencias territoriales sigan afectando la calidad de la educación.
También resulta fundamental reforzar el sistema de becas y ayudas al estudio, de manera que el acceso a la universidad no dependa de la capacidad económica de cada familia, sino del mérito y el esfuerzo académico del alumnado. Para ello, al menos un tercio del incremento presupuestario debería destinarse a garantizar la equidad y reducir la dependencia de recursos privados.
Las comunidades autónomas, por su parte, deben comprometerse con planes plurianuales de financiación que aseguren estabilidad y previsibilidad en la inversión universitaria. Sin una estrategia a largo plazo, la educación superior seguirá a merced de decisiones políticas volátiles, sin garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno central también debe asumir un papel más activo en la financiación estructural de las universidades públicas, estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas para asegurar que los recursos sean suficientes. La educación superior no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda política, ni depender de ajustes presupuestarios que la condenan a la precariedad.
Las administraciones no pueden seguir relegando la educación superior a un plano secundario. La financiación universitaria debe convertirse en una prioridad de la agenda política, no sólo porque afecta a cientos de miles de estudiantes en el presente, sino porque determinará la capacidad de innovación, investigación y desarrollo de España en el futuro
CREUP es la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
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Source: elpais.com