Iberdrola —al igual que Endesa, Iberenergía y Foro Nuclear (el lobby que agrupa los intereses de la industria atómica)— ya había abierto una vía judicial contra el Gobierno por la subida de la tasa derivada de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que fue aprobado en diciembre de 2023 y que sustituyó a una versión que databa de 2006. En septiembre del pasado año, las empresas demandaron ante el Tribunal Supremo al Gobierno por el incremento de lo que deben pagar a Enresa por gestionar sus desechos. Pero una de esas eléctricas, Iberdrola, decide ahora dar un paso más allá en esta batalla y pone negro sobre blanco en su demanda los supuestos daños que le generará ese incremento: casi 324 millones que no le reclama al Ejecutivo, sino a la empresa pública de residuos radiactivos.

Fuentes de Iberdrola han confirmado la presentación de esa reclamación y argumentan que el Gobierno “ha cambiado las reglas de juego unilateralmente”, en referencia a esa subida. Y apuntan a que la reclamación contra Enresa se presentó a finales de febrero.

En julio del pasado año, Iberdrola y Endesa ya habían amenazado con una reclamación patrimonial del estilo de la presentada ahora por la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán. A través de un burofax enviado a Enresa les advertían de que, ante la subida de las tasas, se reservaban “el derecho de adoptar cualquier tipo de medida” contra la compañía pública, así como la reclamación “del posible daño patrimonial” que se les pueda causar. Pero no ha sido hasta ahora, cuando la presión contra el Gobierno por el cierre de las centrales nucleares ha subido de nivel.

Lo curioso de este caso es que los recursos de las eléctricas y el lobby nuclear contra el Gobierno y Enresa se basan en ese presunto incumplimiento del protocolo de 2019 en el que se estableció el calendario de cierre escalonado de las centrales. Sin embargo, las empresas llevan algunos meses afirmando públicamente que se debería modificar ese calendario, aunque siempre que se tocara lo que denominan fiscalidad, en referencia a la tasa de residuos radiactivos y otros gravámenes nacionales y autonómicos, para que les puedan salir las cuentas para seguir operando esas centrales.

Pero el Gobierno, cada vez que se le interroga sobre este asunto, sostiene que no tienen sobre la mesa ninguna petición concreta de las eléctricas sobre la ampliación de la vida de la central cacereña de Almaraz, la primera que va a cerrar, ni del calendario en su conjunto. La semana pasada, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y su equipo se reunieron con las eléctricas para abordar este tema, pero fuentes de Transición Ecológica sostienen que las compañías no han presentado aún una propuesta concreta. Interrogada por la tasa Enresa, Aagesen insistió en que el coste de gestión de residuos no puede repercutir en los ciudadanos, sino que tienen que hacerse cargo las empresas energéticas.

Por su parte, desde el sector pronuclear se argumenta que la inestabilidad internacional y el retraso en algunos casos del almacenamiento energético para aprovechar todo el potencial renovable es una buena razón para replantearse el calendario de cierre de las centrales nacionales, que actualmente aportan alrededor del 20% de la electricidad del país. Pero la cuestión principal sigue siendo la misma: ¿salen las cuentas para que continúen operando las nucleares? Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que aún no se les ha notificado la última demanda de Iberdrola por 324 millones, por lo que no entran a valorarla. Pero han insistido este miércoles en que “la gestión de los residuos (más de 20.000 millones de euros) es un coste operativo de las centrales que deben sufragar las empresas, no los ciudadanos, según el principio quien contamina, paga”.

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Source: elpais.com