El rector de la URL, Josep Antoni Rom, razona que “la falta de financiación que sufren las públicas las ha debilitado y ha favorecido la aparición de privadas para llenar huecos descubiertos”. Lo comenta en referencia a la situación que vive Madrid. Sánchez se mantiene crítico con el panorama. “Una universidad no puede ser una máquina expendedora ni convertirse en un chiringuito educativo”, dijo esta semana.

Hay proyectos que se pretenden instalar en una planta de un edificio de oficinas y en polígonos, otros presentan un aval de 3.000 euros. Si el ritmo de creación no se frena, en unos meses las universidades que no son de titularidad pública serán mayoría y con una calidad en tela de juicio en muchas ocasiones.

Los alumnos inscritos en másteres privados son la mayoría y hay más estudiantes de primero de Medicina en Madrid, pagando hasta 23.000 euros por curso, que en los campus públicos, donde los costes rondan los 1.240 euros anuales.

Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ―fundación privada con precios públicos, que imparte formación online―, valora de forma positiva la reforma, que espera ver la luz en mayo. Con la nueva normativa, las universidades a distancia serán autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales al ser implantadas en todo el territorio nacional.

“Nadie puede poner en duda que se ha mercantilizado con la educación”, añade Fitó. Para ella, el cambio en el decreto no resultará una ofensiva. “La titularidad pública y privada hay que dejarla al margen del debate porque no tiene nada que ver en este asunto. El foco está en la calidad y en el negocio”, defiende.

La virtual Universidad Abierta de Europa es la decimocuarta privada que se pretende abrir en Madrid, a pesar de que cuenta con un informe negativo, preceptivo pero no vinculante, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Diez comunidades, siete gobernadas por el PP, también votaron en contra del proyecto.

En el prestigioso ranking de Shanghái, la clasificación universitaria internacional más conocida del mundo, que posiciona un total de 1.000 entidades y valora en gran medida los méritos científicos, consiguen entrar 36 universidades españolas, aunque solo hay una privada, la de Navarra, propiedad del Opus Dei y conocida por su apuesta en la investigación. Ahora esta estudia el borrador del cambio en el real decreto.

A ella pertenecen la escuela de negocios IESE y la consolidada Clínica Universidad de Navarra. “Como entidad investigadora, sin ánimo de lucro y con más de 70 años, la adaptación a las diferentes medidas y normativas forma parte de nuestro trabajo, y que el sistema universitario español sea de calidad y competente es muy importante para nosotros. Es algo, sin duda, en beneficio de todos”, defienden fuentes de esta universidad en relación a las nuevas medidas.

El rector de la Internacional de Catalunya (UIC) —privada y también vinculada al Opus Dei—, Alfonso Méndiz, se muestra más reticente. Por un lado, aplaude el objetivo de “poner coto a las universidades que se plantean como negocio”. Por otro, considera que el decreto vigente, elaborado con Manuel Castells al frente del ministerio en 2021, ya es exigente y duda del alcance que tendrá la modificación.

Los cargos académicos más altos de las universidades de Deusto, Pontificia Comillas y Mondragón, todas ellas privadas, rechazan hablar sobre este asunto con EL PAÍS, que les ha contactado por ser entidades sin ánimo de lucro, con una larga tradición y un buen posicionamiento en rankings nacionales. Operan como fundaciones, lo que les fuerza a reinvertir las ganancias en el campus. Según la ministra de Universidades, Diana Morant, cumplen “con creces” los requisitos del decreto.

La CRUE, que aúna a las 50 universidades públicas y a 27 de las 46 privadas, se pronunció este jueves para mostrar su rechazo a la apertura de nuevos campus a pesar de contar con evaluaciones desfavorables. Insiste en la importancia de asegurar la calidad académica con financiación suficiente y reitera su preocupación ante la proliferación de iniciativas creadoras de nuevos centros sin una verdadera consideración de las necesidades reales del sistema español.

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ―integrada, entre otras, por la Universidad Europea y Alfonso X El Sabio, en manos de fondos de inversión, o el centro adscrito CESUGA, con un informe contrario del ministerio para su apertura en Galicia― manifiesta en un comunicado que las palabras del Gobierno “son un ataque injusto e injustificado a unas instituciones que han demostrado ser clave en la mejora de la calidad educativa y en la empleabilidad de los jóvenes españoles”.

Recuerda que han conseguido matricular a más de 350.000 alumnos y que crecen cada año por encima del 10% con “cifras sobresalientes” en los indicadores de calidad y con una tasa de abandono muy reducida. Reconoce que la investigación es más intensa en las universidades públicas “porque cuentan para ello con fondos” de la Administración.

Para el rector Josep Antoni Rom, la futura normativa debe servir de paraguas protector al sector con la intención de disuadir las diferencias de criterios que aplicaban las autonomías a la hora de conceder permisos de apertura a los campus privados: “Es legítimo crear universidades, la cuestión es que los estudios deben estar regulados por unas pautas cualitativas”.

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Source: elpais.com