La del colegio de educación especial de Almansa es una historia esperanzadora que parece, sin embargo, abocada a un final infeliz, debido a la decisión de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha de reducir su financiación y limitar la capacidad de sus profesionales de colaborar con los centros ordinarios. En lugar de respaldar un modelo que funciona y es coherente con la legislación nacional e internacional para avanzar en la inclusión, la consejería mantiene hasta ahora la rigidez burocrática que implica que menos alumnos matriculados supone menos fondos, como suele suceder en la escuela ordinaria.
La Lomloe, aprobada en 2020, prevé que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, desarrolle un plan para que en 2030 “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Alcanzado el ecuador del plazo no hay, sin embargo, noticias de dicho plan. Y el número de estudiantes en educación especial, 43.074 el curso pasado, no solo no ha disminuido sino que ha aumentado en 4.167 desde que se aprobó la Lomloe. En parte de los casos, pese a la abierta oposición de las familias que solicitan que sus hijos sigan en la escuela común.
La línea que defiende el centro especial de Almansa ―que da servicio tanto al municipio, de 24.300 habitantes como a otros pueblos de su comarca―, se sitúa en la vanguardia de la inclusión española y en línea con los países más avanzados en la materia, como Italia y Portugal. “Nuestro objetivo es cerrar las aulas; que en nuestro centro no haya ningún alumno matriculado y los niños, niñas y adolescentes se formen donde se está formando el resto”, afirma su directora, Marta Sánchez. El colegio no tiene, hoy, ningún estudiante de primaria. Y de sus 12 alumnos de secundaria, 8 están en escolarización combinada, y pasan la mayor parte del día en el instituto común.
Hace años, también en el centro de educación especial de Almansa pensaban que era mejor para los chavales con discapacidad permanecer separados de los demás. El cambio fue un proceso que desembocó, dice Sánchez, en el convencimiento de que, además de ser factible, la inclusión educativa es un derecho no solo de los alumnos con necesidades educativas especiales. “Yo tengo una hija adolescente, y quiero que se eduque en una escuela diversa, con personas diferentes a ella. Si queremos una sociedad realmente justa, equitativa e inclusiva, tenemos que crear una escuela así. No podemos empezar segregando en el colegio y luego esperar que la sociedad sea inclusiva y equitativa, es un sinsentido”, afirma la directora.
El compromiso de los profesionales del colegio ha llegado a poner en riesgo sus puestos de trabajo, ya que la disminución de su matrícula ha llevado a la Consejería de Educación a reducir para el año que viene una de sus cuatro aulas concertadas. Una reducción de fondos (que afectará sobre todo a los servicios complementarios, como los especialistas) que se unirá al hecho de que el curso que viene ganarán varios alumnos mayores de 16 años que irán al centro a realizar el programa de transición a la vida adulta. “Lo ideal sería que hicieran FP en un centro ordinario con nuestro apoyo, como hacemos en el resto de etapas educativas. Pero en Almansa no hay una oferta adaptada a ello”, dice Sánchez. La directora pide un cambio de la normativa autonómica que les permita seguir con su labor, desvinculando la financiación del número de alumnos matriculado y respaldando su función como centro de apoyo y recursos.
Tanto Rafaela Guardiola, profesora en el instituto público José Conde García de Almansa, donde este año está estudiando primero de la ESO un chaval que no tiene lenguaje oral, como Esther Carrión, orientadora en el colegio José Lloret, donde hay cinco chavales que en otros tiempos habrían sido segregados, aseguran que el apoyo del colegio especial “ha sido fundamental”. La ayuda, afirman, ha dado tranquilidad a los docentes y ha aliviado la carga de trabajo que supone intentar dar “educación personalizada cuando tienes 25 alumnos”.
El centro de Almansa es un referente para los grupos de investigación españoles en educación inclusiva. Lara Astudillo, de la Autónoma de Madrid, ha analizando el colegio manchego para su tesis doctoral. Entre su aciertos, la investigadora destaca el haber tejido relaciones de confianza y cooperación con otros actores del municipio, siendo conscientes “de que una transformación de este calado no puede hacerse solo desde el propio centro”. También haber definido una estructura de apoyo y aplicar un plan que se amolda a las características de cada estudiante, familia, docente y centro educativo, y haber dado un papel muy activo a las familias, a las que acompañan “ante los miedos e incertidumbres con que se van encontrando a lo largo del sistema educativo”.
Sentada en una mesa del colegio especial al que no llegó a ir su hija Vega ―un edificio no muy agraciado de viviendas que una mujer legó a la asociación Asprona hace tres décadas y fue reconvertido en colegio―, Marisa Jover, que tiene 37 años, cuenta que de pequeña, ella, que no recuerda haber compartido clase con ningún chaval con discapacidad, sentía miedo cuando se cruzaba con uno de ellos en el parque. “Ahora pienso que entre los niños y niñas que van a clase con Vega habrá gente que influirá en la sociedad en general y en particular en los chavales con discapacidad; futuros médicos, juezas o maestras. Y creo que el hecho de haber convivido con ella hará que vean normal cosas que son normales. Y también creo que si cualquiera de ellos tiene en su día un niño o una niña con discapacidad, no tendrán tanto miedo como he tenido yo”.
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Source: elpais.com