Hicieron falta tres lustros de negociaciones en el seno de la ONU para que se adoptara, en junio de 2023, el tratado de protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales, que sienta las bases para la creación de áreas protegidas en las zonas que no pertenecen a ningún país, una asignatura pendiente de la legislación medioambiental internacional. Pero casi dos años después, el tratado sigue sin entrar en vigor porque no se ha alcanzado todavía el número necesario de ratificaciones de países, un proceso que suele ser lento y que ahora, como ocurre con otros puntos de la agenda multilateral vinculados a la ONU, se ve amenazado por la irrupción de Donald Trump, presidente de EE UU y enemigo de las políticas medioambientales.
Se necesita que 60 países ratifiquen el pacto para que entre en vigor. Hasta ahora solo lo han hecho 21, entre los que está España, el primer país europeo que lo ratificó el pasado febrero. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha tomado la defensa de este acuerdo internacional como una de sus banderas al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, Aagesen ha enviado una carta a los responsables de 150 países apremiándoles a adherirse al pacto. “Es de gran importancia que los países ratifiquen el acuerdo”, explica la misiva sobre el conocido como Tratado de Alta Mar. “Esta ratificación contribuiría significativamente a los esfuerzos mundiales por proteger nuestros océanos y a garantizar el uso sostenible de los recursos marinos”, añade.
Este 2025 es un año clave para la diplomacia medioambiental y las negociaciones en las distintas agencias y órganos de la ONU. Además, de la esperada ratificación del Tratado de Alta Mar, sobre la mesa también está un posible acuerdo contra la contaminación por plásticos, que se debería haber cerrado en diciembre pasado. Pero y en agosto se volverán a retomar las negociaciones. La vuelta de Trump, que ha activado la salida de su país del Acuerdo de París, por ejemplo, es un elemento de disrupción.
Aunque lo cierto es que ningún país ha seguido sus pasos de momento en su salida del gran pacto contra el cambio climático. Y el primer asalto directo contra otra medida medioambiental lo ha perdido: la semana pasada los representantes de los países aprobaron en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) el primer sistema global para gravar las emisiones de efecto invernadero del sector naval internacional. Salió adelante sin consenso; se tuvo que votar. Pero prosperó a pesar de las amenazas de la Administración de Trump, que advirtió por carta a varios países de que tomaría represalias contra los que apoyaran esos gravámenes.
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Source: elpais.com