La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en las universidades públicas de la región un nuevo campo de batalla político, a juzgar por el reciente borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) al que ha tenido acceso este periódico, y fechado el 29 de mayo. A la asfixia económica a la que somete a los seis campus madrileños, tal y como denuncian los rectores desde hace un año, se suma ahora un proyecto legislativo que entra de lleno en la autonomía universitaria. Lo más llamativo es el régimen sancionador, insólito por su severidad y por el potencial para restringir la independencia académica y para chocar con otras normas estatales. Incluye como infracciones “graves” los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad. Este grado de faltas pueden ser castigadas con hasta 100.000 euros.
Este régimen sancionador de Ayuso, que pone las protestas en los campus en el punto de mira como Donald Trump en Estados Unidos, entra en colisión con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, de la época del ministro Manuel Castells, que ya castiga las infracciones en los campus de los estudiantes, y con el Estatuto del Empleado Público (1986), que se aplica a los trabajadores de los campus estatales. Ni la ley catalana de universidades (2003), ni la vasca (2004), incluyen en sus artículos castigos disciplinarios.
Las infracciones más graves, penadas con entre 100.000 euros y un millón por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ―del que forman parte los consejeros y Ayuso―, incluyen empezar las clases un centro de educación superior sin autorización, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para poder acceder a un estudio superior, impedir “la acción legítima” de las fuerzas y cuerpos del Estado o unas elecciones o permitir la celebración de un “referéndum ilegal”.
Las faltas graves, que se castigarán con entre 15.000 y 100.000 euros, serán impuestas por el consejero del ramo: actualmente es Emilio Viciana. Incluyen impedir el trabajo de los medios de comunicación en el campus, “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus” ―que podría afectar a las acampadas, por ejemplo, en contra del genocidio de Gaza― o “permitir el hostigamiento de miembros de la universidad o personas que la visiten”, algo que podría encajar en el concepto de escrache.
, se jacta de haber inspirado el régimen de infracciones del borrador de la ley. Hace 14 semanas colgó un vídeo en Instagram grabado a la puerta de la Consejería de Educación y en compañía de Nicolás Casas, su director general. “Hoy hemos conseguido introducir el régimen sancionador en la nueva ley de universidades. Somos conscientes de nuestra labor y no podemos esperar a que nadie la haga por nosotros”, afirman.
Hace un año el consejero Emilio Viciana, en un encuentro informal con la prensa para hablar de la ley que empezaban a redactar, ya adelantó el régimen disciplinario, pero sin concretar las sanciones. “Si hay protestas que impiden el acceso a los edificios, a las clases, nos preocupa. Hay que actuar”, puntualizó. “Es difícil el límite entre la libertad de expresión y el acoso a un personaje público. Buscaremos un equilibrio”, siguió. Viciana también envió una carta a los rectores, que habían anunciado la ruptura de relaciones con las universidades de Israel, en la que les reprochaba que protestasen por Gaza y no por la ley de amnistía.
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Source: elpais.com