La popularidad de las aplicaciones móviles diseñadas para el seguimiento del ciclo menstrual, promovidas como herramientas de empoderamiento personal y autoconocimiento, ha suscitado en los últimos años preocupaciones cada vez más serias entre expertas en privacidad, defensoras de los derechos digitales y organizaciones feministas, en especial desde que en Estados Unidos se intensificó el debate sobre la criminalización del aborto y el papel que podrían desempeñar los datos personales en procedimientos judiciales.
Aunque inicialmente celebradas como avances tecnológicos que permiten a millones de mujeres gestionar con mayor precisión aspectos de su salud reproductiva, desde la predicción de la ovulación hasta el seguimiento de síntomas premenstruales o trastornos hormonales, estas aplicaciones han sido objeto de un escrutinio creciente tras revelaciones sobre prácticas de tratamiento de datos poco transparentes, así como sobre los posibles usos punitivos de la información que almacenan.
Según los investigadores, muchas mujeres descargan estas aplicaciones cuando están intentando concebir, lo que suele coincidir con un cambio abrupto en sus hábitos de compra, por ejemplo, dejan de comprar anticonceptivos, empiezan a buscar vitaminas prenatales o se interesan en contenido sobre maternidad, clínicas de fertilidad o ropa para embarazadas, un patrón que los anunciantes pueden explotar con fines comerciales. La doctora Stefanie Felsberger, autora principal del estudio, denuncia que «los rastreadores de ciclo menstrual se presentan como instrumentos para empoderar a las mujeres y reducir la brecha de género en salud», pero en realidad «el modelo económico que sustenta su funcionamiento se basa en el uso comercial de datos, vendiendo la información de las usuarias y sus patrones conductuales a terceros con fines lucrativos».
La preocupación por el uso punitivo de los datos no es infundada. En Estados Unidos, por ejemplo, desde la anulación del fallo que garantizaba el derecho federal al aborto, muchas mujeres comenzaron a eliminar estas aplicaciones de sus móviles, temiendo que sus registros pudieran ser utilizados en investigaciones penales en los estados donde la interrupción voluntaria del embarazo ha sido prohibida. Como explicó entonces la abogada penalista y exfiscal Sara Spector en declaraciones a Sky News, «si están intentando procesar a una mujer por haberse practicado un aborto ilegal, pueden emitir una citación judicial para cualquier aplicación en su dispositivo, incluyendo los rastreadores menstruales».
Esta dimensión judicial, aunque vinculada al caso estadounidense, ha servido para alertar a activistas y legisladores en otros países, como el Reino Unido, sobre la falta de garantías con que operan muchas de estas herramientas. A pesar de que la legislación europea sobre protección de datos personales es más estricta, no todas las aplicaciones se adhieren plenamente a esos estándares, especialmente aquellas desarrolladas fuera del Espacio Económico Europeo.
Source: www.abc.es