Luego, en 2018, el PSOE llegó al Gobierno y uno de los primeros decretos que aprobaron ―con los votos en contra del PP y la abstención del ya extinto Ciudadanos― fue para recuperar la sanidad universal. “Pero no se hizo bien, dejó recovecos burocráticos y al año siguiente emitieron unas recomendaciones a las Comunidades Autónomas en las que se mantuvieron las trabas, por ejemplo, la petición de demostrar que llevas al menos tres meses empadronada en España para la gratuidad. Y puede ser que no lleves tres meses en España, y estás fuera, o puede ser que no puedas demostrarlo, y estás fuera también”, explica la sanitaria.

Al ser una recomendación, cada autonomía lo ha gestionado a su voluntad, “y hay algunas más excluyentes que otras”, como Madrid o Castilla y León, enumera la portavoz de Yo Sí. Madrid es, además, una de las autonomías con más población migrante, según el INE; con datos de 2022, hay un 14,03% de personas extranjeras residiendo en la comunidad, con distintas casuísticas y problemas.

La sanitaria añade una normativa más: “La ley específica de Madrid de violencia de género, de 2005, y que fue pionera respecto al contexto nacional, estableció ya que la cobertura ha de ser para todas las mujeres independientemente de su origen o situación administrativa”.

Piensa Rubiño en qué hubiese ocurrido si a Esperanza “la llegan a ingresar. Se le queda una hipoteca de por vida”. El abogado ha presentado ya un recurso administrativo y unas alegaciones de ampliación de recurso ante el gerente del hospital [que es quien firma la factura]: “Y ahora vamos a hacer otro escrito de ampliación de alegaciones y una solicitud de revisión de oficio, que es cuando la Administración se da cuenta de que ha hecho algo injusto, y puede revocar su decisión, y esto es algo que pueden hacer ellos mismos cuando quieran”.

A veces económica, pero a veces también social, de apoyos, o de herramientas para manejarse en un país que no es el suyo con sistemas que desconocen: “Nos estamos encontrando facturas o trabas administrativas para la atención, siempre a personas migrantes y a veces incluso en riesgo vital”.

Y dice el abogado que si los 185 euros son algo de lo que no puede desprenderse Esperanza, cualquiera puede imaginar enfrentarse a facturas de miles de euros, o de cientos de miles: “De alguien que necesitaba un trasplante de médula, un niño, cuya vida corría peligro y para lo que tuve que pedir medidas cautelares. O el caso de una mujer embarazada con VIH, que tenía derecho a ser atendida, pero tuvo un parto prematuro y querían cobrarle 3.500 euros”.

Cuando van a juicio, Rubiño hace el cálculo de que ganan en un 98% de las causas, “pero, ¿y las que no? Son personas que llevan poco tiempo en España, no conocen sus derechos, a veces está la cuestión del idioma, o el miedo a que cualquier cuestión afecte a su situación en el país”.

En el caso de Esperanza, dice, “su miedo es si esto le va a dificultar su estancia en España, como muchas otras personas. Dicen además a veces desde las autonomías que no, que eso no se cobra, pero tenemos mujeres en fase de apremio. Si tienes deudas, es una barrera a la regularización administrativa”. Y luego, “hay otro problema con lo de llegar hasta los tribunales, que es que cuando son facturas pequeñas, te cuesta más el collar que el perro, también por eso el porcentaje que lleva su causa a juicio es muy pequeño”.

Para Rubiño, como para la portavoz de Yo Sí, estas circunstancias, “institucionalmente, son violentas”. Para el abogado, “otra simple recomendación por parte del Ministerio ayudaría mucho a que esto no siguiera sucediendo”. En casos como los de Esperanza, cuando las necesidades derivan de haber sufrido violencia, dice la médica, “la facturación debería paralizarse de forma inmediata. Son situaciones que conllevan mucho estigma y garantizar un derecho a posteriori, cuando ya ha sido vulnerado, no es garantizarlo, y la victimización por parte del sistema ya está hecha”.

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Source: elpais.com