El Gobierno prohíbe a BBVA fusionarse con Sabadell durante al menos tres años


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Clara Alba

Santander

Martes, 24 de junio 2025, 07:14

El Gobierno sube el listón para que BBVA culmine su plan de integrar a Banco Sabadell. El Consejo de Ministros ha decidido endurecer las condiciones

Tras varias semanas de análisis y una inédita consulta pública de por medio, el Ejecutivo aprueba la opa, pero obliga a BBVA a mantener a Sabadell por separado durante tres años, prorrogables otros dos. Además, prohíbe los despidos y cierres de sucursales masivos, que son habituales en este tipo de operaciones y sobre los que se basaban partes de las sinergias estimadas inicialmente por BBVA.

La medida, amparada en el «interés general», deja en el aire el futuro de la operación, con unos límites que obligan a que la entidad mantenga «la personalidad jurídica, el patrimonio y la autonomía de gestión» del Sabadell durante el plazo establecido. Pero es este último punto –el de la autonomía de gestión– sobre el que la entidad vasca podría apoyarse para no desistir en sus planes.

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«Lo cierto es que la norma establecida deja la puerta abierta a demasiada interpretación. Pero Cuerpo cree que el espíritu de la misma es que ambos bancos mantengan la tendencia que atesoran desde 2021, cuando se produjeron los últimos grandes EREs después de la pandemia. Desde entonces, ambas entidades han incrementado su plantilla –sobre todo en puestos tecnológicos– con un total de 43.000 trabajadores en España.

No obstante, el presidente de BBVA, Carlos Torres, apuntó el lunes a que el banco tiene la «posibilidad legal» de retirar su oferta si el Gobierno sumaba nuevas condiciones, como así ha ocurrido. Y también abrió la puerta a la vía judicial bajo el argumento de que el espíritu de la ley solo permite al Ejecutivo suavizar los requisitos de Competencia, nunca endurecerlos. «Esta decisión se fundamenta en criterios de interés general que encuentran arraigo en la Constitución Española, que se encuentran promulgados por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avalados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», defendió este martes el ministro de Economía, consciente de que Bruselas también vigila muy de cerca los movimientos del Ejecutivo en esta operación.

Cabe recordar que en la Comisión Europea no ha sentado nada bien la irrupción gubernamental en un proceso de concentración que ya había sido ‘avalado’ por el BCE y, sobre todo, por Competencia. «El ángulo legal lo tenemos cubierto desde el principio», sentenció Cuerpo ante la amenaza judicial.

Para evaluar la eficacia de las medidas, los dos bancos tendrán que remitir al Ministerio de Economía dos informes que avalen que las mismas se están cumpliendo. El primero de ellos, sobre cómo se ha llevado a cabo la mencionada «gestión autónoma» de ambas entidades. El segundo, un plan estructural que detalle la estrategia corporativa de los dos bancos y que especifique «cómo afectará al interés general» su evolución en el futuro.

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