El Ministerio de Sanidad quiere dar un paso adelante en la ampliación de espacios libres de humos. En el borrador de la nueva ley antitabaco, no solo prohíbe fumar en terrazas o vehículos comerciales, como había adelantado su titular, Mónica García, sino que amplía el veto para cigarrillos (convencionales o electrónicos) a 15 metros de los accesos de edificios públicos, centros sanitarios, educativos o parques infantiles, entre otros, y suprime los clubes de fumadores.

Las nuevas medidas, que tendrán que ser ratificadas por mayoría en el Congreso antes de que entren en vigor, están recogidas en el último borrador del anteproyecto de ley que modifica la ley 28/2005, al que ha tenido acceso EFE y que han sido confirmadas a EL PAÍS por fuentes de Sanidad.

La norma introduce una regulación para nuevas formas de consumir nicotina, como las bolsitas o los los dispositivos de tabaco calentado, que ahora estaban en un limbo jurídico. También equipara los cigarrillos electrónicos (o vapeadores) al tabaco y estarán prohibidos en las mismas zonas donde no se pueda fumar.

Paralelamente, en un Real Decreto en tramitación, también prohíbe los sabores de los cigarrillos electrónicos, que solo podrán tener el aroma del tabaco, para evitar así que los menores comiencen con estas sustancias, que se están convirtiendo en la puerta de entrada al tabaco.

En cuanto a las nuevas zonas libres de humo, considera centro de trabajo los vehículos laborales y especifica que no se podrá fumar en los espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en los recintos de centros sanitarios ni en universidades y centros de formación de adultos.

Si se redujera la prevalencia de consumo tan solo entre un 1% y un 2%, Sanidad calcula un ahorro sanitario público de entre 100 y 200 millones de euros anuales a medio plazo (derivado de la reducción de enfermedades cardiovasculares, cáncer o EPOC) y una reducción de costes indirectos por pérdidas de productividad laboral, ausencias y mortalidad prematura de más de 2.000 millones de euros anuales a partir de los 10 años de aplicación.

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Source: elpais.com