El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este viernes una “gran victoria”, otra, al presidente Donald Trump, en el caso de la ciudadanía por nacimiento, tal vez el más importante del curso judicial, que concluyó en una jornada frenética en la que estaba prevista la publicación de ese y de otros cinco fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto que Trump promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular, pero sí limitaron el poder de esos jueces para oponerse a su agenda.

Lo que buscaba la Administración de Trump era que el Supremo estudiara si las resoluciones de un magistrado federal −de, pongamos, Cheyenne (Wyoming)− que contradigan una decisión ejecutiva de un presidente, por ejemplo, Trump, deben tener efectos en todo el país, como hasta ahora, o solo para quienes presentaron la demanda. Pues bien, el alto tribunal −en una decisión (6-3) de 119 páginas en la que sus miembros se muestran divididos ideológicamente; los seis conservadores a un lado, las tres liberales, al otro− decidió limitar el poder de esos jueces federales, unos 700, y allanar, una vez más, el camino de la actual Administración, cuyos críticos denuncian que avanza hacia el autoritarismo.

Trump reaccionó a la sentencia poco menos de una hora después de conocerse el fallo. “¡GRAN VICTORIA en el Tribunal Supremo de Estados Unidos!“, escribió en Truth Social (las mayúsculas, como siempre, son suyas). ”Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado. Se pensó para los bebés de esclavos, nada tiene que ver con la ESTAFA de nuestro proceso de inmigración».

Trump aprovechó ese mensaje para convocar de urgencia una comparecencia en la Casa Blanca para comentar el fallo, que definió ante los reporteros en la sala de prensa como una “victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho”. El presidente prometió seguir “luchando” para acabar con la ciudadanía con nacimiento, aprovechó para hablar de los inmigrantes indocumentados en un tono racista y dijo que la resolución ponía en su sitio a “los jueces izquierdistas radicales” que están parando su agenda desde que regresó al poder. “Están celebrando [la sentencia] por todo el país”, dijo, sin detallar dónde ni cómo se estaba escenificando ese júbilo, y agradeció a Barrett por escribir la opinión mayoritaria.

La opinión disidente corre a cargo de Sonia Sotomayor, que define la decisión de sus compañeros conservadores de bancada como “una farsa del estado de derecho”. “Este”, escribe Sotomayor, “solo perdurará si quienes tienen la valentía suficiente en cada rama de la justicia luchan por su supervivencia. Hoy, el Supremo renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”. Para completar la imagen de la división y los matices en el seno del alto tribunal en un asunto ciertamente polémico baste indicar que el documento incluye otras dos opiniones más: la del conservador Brett Kavanaugh y la de la liberal Ketanji Brown Jackson.

En ese tiempo, el magnate republicano ha gobernado a base de decretos y órdenes ejecutivas, que en decenas de casos le han parado los jueces federales repartidos por todo Estados Unidos, un país en el que esos cargos tienen una carga más política que en otros ordenamientos jurídicos y son designados por los presidentes, demócratas o republicanos, y aprobados por el Senado. Uno de los principales focos de resistencia a esa manera de gobernar ha estado en estos meses en los tribunales federales de todo el país. Tras la decisión del Supremo de este viernes, cuando uno de esos magistrados ordene la suspensión de la aplicación de una decisión ejecutiva, esta no implicará automáticamente dejar sin efecto la decisión ejecutiva en los 50 Estados.

El actual presidente no es el primero que ha puesto en duda ese sistema en Estados Unidos. A medida que ha ido creciendo el empleo del poder ejecutivo, desde los tiempos de George Bush, hijo, con él lo ha hecho también la capacidad de los jueces federales para contrarrestarlo, así como la frustración de las sucesivas Administraciones, incluidas las de de Barack Obama y Joe Biden.

Trump aprobó el decreto que originó el caso para derogar la ciudadanía por nacimiento, que está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, en su primer día en el Despacho Oval, pero tres jueces federales suspendieron la aplicación de la norma con efectos para todo el país.

En la vista oral del caso, las tres juezas progresistas respaldaron esas resoluciones, mientras que los miembros conservadores se mostraron partidarios de poner límites al poder de los magistrados para suspender normas a escala nacional. Algunos de ellos, sin embargo, sugirieron que en este caso lo veían justificado.

Trump decretó el final del derecho a la nacionalidad por el nacimiento en el territorio de Estados Unidos cuando los padres sean inmigrantes indocumentados o cuando la presencia de la madre en el país sea legal, pero temporal (como, por ejemplo, una visita o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

Ese decreto va en contra de lo que ha sido durante más de un siglo la interpretación de una enmienda ratificada en 1868, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.

En una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Supremo interpretó de modo amplio la Decimocuarta Enmienda, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Desde entonces, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han adquirido la nacionalidad independientemente del estatus legal de sus padres.

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Source: elpais.com