Jessica Stern: “Hay una red de actores fuertes y ricos que trabajan en todo el mundo para inflamar el odio hacia la comunidad LGTBIQ+”

Pregunta. ¿Cómo ha afectado la actual polarización a los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en el mundo?

P. ¿Por qué surgió esa oposición global a que todas las personas compartan los mismos derechos?

P. ¿Cómo se financian estas organizaciones?

R. Muchos de sus fondos vienen de organizaciones radicales de la derecha estadounidenses, pero también están conectadas con actores que operan en Europa del Este, cada vez más en Europa Occidental y el Este de África. No hay región en el planeta sin homofobia o transfobia, pero lo que he visto en los últimos años es una coordinación de estos actores para replicar estrategias. Déjeme darle un ejemplo: la proposición de ley anti LGTBIQ+ en Ghana contiene conceptos y términos que los propios activistas LGTBIQ+ ghaneses no usan para sí mismos.

P. Así que copian y pegan.

R. Las malas ideas vienen desde muchos sitios. Rusia introdujo hace años su ley antipropaganda y hace dos años en Florida nació la ley No digas gay, con un molde similar a la rusa.

P. ¿Qué opina del Gobierno de Donald Trump?

P. ¿Irá a peor?

R. Sin duda. Hace un par de días saqué de mi buzón una carta manuscrita que decía Jesús te hará pagar por tus pecados. Alguien se tomó la molestia de buscar mi dirección postal y mandarme una amenaza. Yo tengo muchos privilegios, pero si soy señalada, ¿se imagina cuántos LGTBIQ+ estadounidenses están en riesgo?

P. ¿Fue la manifestación del pasado sábado en Hungría la excepción o la norma ante la ola reaccionaria?

P. Italia es miembro de la Coalición por la Igualdad de Derechos a pesar de tener un partido ultra en el poder.

R. La situación del colectivo LGTBIQ+ en Italia es muy mala, están deprimidos y asustados. Y tienen una buena razón para ello, porque han oído discursos al más alto nivel del Gobierno y algunos de ellos han visto sus nombres borrados de los certificados de nacimiento de sus hijos. Las familias gais y lesbianas están en peligro y no es solo una amenaza contra los derechos de los padres, también contra la seguridad de sus niños. Porque se pierden acceso a sus padres, ¿quién protegerá a esos menores?

Por otro lado, formar parte de la Coalición de Estados [impulsada por España y Colombia en 2024 y 2025] no requiere cambios legales, ni siquiera compromisos públicos. Los Gobiernos vienen y van, pero muy pocos forman a sus diplomáticos y funcionarios sobre los derechos LGTBIQ+, y a través de la coalición pueden aprender esas mejores prácticas para el cambio social.

P. ¿Qué responde a aquellos que sostienen que los derechos LGTBIQ+ han ido demasiado rápido?

R. Un día sintiendo discriminación ya es demasiado. No tenemos tiempo que perder para parar la violencia contra nuestras familias, para poder caminar con nuestras parejas o ver que nuestros hijos van seguros a la escuela. Me encantaría vivir en un mundo donde la comunidad LGTBIQ+ tuviera igualdad bajo la ley, pero no es el caso.

P. ¿Ese ataque contra la comunidad LGTBIQ+ es para líderes como Putin u Orbán un trampolín para eliminar el derecho de asociación y la oposición política?

R. Es la nueva estrategia de la derecha. Criminaliza la LGTBIQ+ y entonces puede atacar a la sociedad civil, la libertad de discurso y asociación. Para comprobar el terreno usan a la comunidad LGTBIQ+. También ocurre con los afrodescendientes, las minorías religiosas o los inmigrantes. Es la estrategia de encontrar a los más vulnerables. Es un error pensar que eso no te afecta porque no eres LGTBIQ+, porque si le pasa a uno, le puede pasar a cualquiera.

P. ¿Cómo acabará la guerra entre Trump y la Universidad de Harvard?

Harvard tiene la obligación de responder en la pelea para defender los principios de la libertad académica y por sus propios estudiantes, facultades y administradores. Y a Trump no le gusta ser desafiado, así que no creo que esta batalla acabe pronto. Esto está en el manual de estrategia de Orbán: ataca a los medios de comunicación, luego a las universidades y por último al poder judicial. Y ya sabemos cómo termina eso en Hungría.

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