Las dos grandes eléctricas propietarias mayoritarias de las centrales nucleares de España —Endesa e Iberdrola— han abierto una guerra judicial contra el Estado a cuenta de estas instalaciones. Mientras abogan por una negociación con el Gobierno para ampliar el calendario de operación de las cinco plantas del país —aunque sin presentar una propuesta concreta y consensuada con todas las compañías propietarias de las plantas—, estas dos empresas han puesto a trabajar a sus despachos de abogados contra el Gobierno, contra la compañía pública que gestiona los residuos radiactivos (Enresa) y contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano que supervisa la actividad de estas centrales.
El fuego lo abrió a finales de febrero Iberdrola, cuando presentó una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa por la subida de las tasas para la gestión de los residuos radiactivos. Reclamaba, según adelantó EL PAÍS, 324 millones de euros por daños y perjuicios. En la última semana de junio se ha sumado a esta estrategia Endesa, que reclama otros 454 millones por los mismos motivos. En total, 778 millones.
Sin embargo, Endesa no ha ido directamente a la justicia. Sus abogados han preferido presentar una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre energía, y contra Enresa. Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesem se limitan a señalar que se ha recibido “una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado”.
En ambos casos la raíz del problema está en las tasas que las propietarias de las nucleares deben pagar para que la empresa pública Enresa asuma la multimillonaria factura de tratar sus residuos radiactivos. La normativa nacional y europea se basa en el principio de quien contamina paga, es decir, aquellos que generan un residuo deben asumir su gestión. Y en el caso de los desechos de la industria nuclear son, además de peligrosos, muy costosos de tratar.
El Gobierno, tras actualizar el desfasado plan nacional de residuos radiactivos, aprobó hace un año un incremento de la tasa del 30%. Poco después, Iberdrola y Endesa amenazaron con una reclamación patrimonial como la que finalmente han presentado por el incremento.
El Gobierno optó por esa la solución de los siete almacenes ante la imposibilidad de encontrar un Gobierno autonómico dispuesto a que su comunidad acogiera los residuos radiactivos de alta intensidad de todas las centrales del país. Y esa multiplicación de silos ha tenido un impacto en los costes y, por lo tanto, un incremento de las tasas que ahora denuncian las eléctricas.
Lo han hecho en este caso, y argumentando fallos en el procedimiento de aprobación de esa instrucción técnica, a través de las agrupaciones de interés económico que gestionan las centrales de Ascó, Vandellós, Almaraz y Trillo (ANAV y CNAT), apuntan las mismas fuentes.
De momento, las cuatro no han acordado una propuesta conjunta de modificación del calendario. Solo Iberdrola y Endesa enviaron una carta hace unas semanas al ministerio conminando a este departamento a prolongar la vida de las centrales. Pero el Gobierno insiste en que no hay una propuesta concreta y que, en todo caso, debe ser acordada por las cuatro propietarias.
Aagesen, además, ha trazado una línea infranqueable si se llega a abrir en algún momento esa negociación formal: “la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no van a recaer en los consumidores”. Y las propietarias insisten en que se deben reducir esas cargas, contras las que Endesa e Iberdrola han abierto una millonaria guerra judicial. Consultadas por este periódico, ninguna de las dos compañías ha hecho ningún comentario sobre las demandas y reclamaciones.
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Source: elpais.com