La gestión de los residuos radiactivos —que tiene unos costes milmillonarios y que en España ha abierto una guerra judicial de las compañías eléctricas contra el Estado— es uno de los hándicaps de la nuclear frente a las renovables. Pero también lo es el aprovisionamiento del combustible que emplean los reactores, porque el uranio procede en muchos casos de puntos calientes en la geopolítica internacional. Enusa, empresa pública, se encarga en España de garantizar el abastecimiento para las cinco centrales que hay en activo. Debido a la invasión rusa de Ucrania, su trabajo se está enfocando en la “búsqueda de otras fuentes alternativas para garantizar el suministro”, según admite la empresa en su última memoria anual, que acaba de publicar.
España importa todo el uranio enriquecido y alrededor de 40% procede de Rusia, según los datos que ofreció el presidente Pedro Sánchez en una sesión parlamentaria el 7 de mayo centrada en el apagón masivo del 28 de abril. El corte del suministro en la Península desembocó en un recrudecimiento del debate en España sobre la continuidad de la energía nuclear. Pero uno de los puntos que en muchas ocasiones se soslayan es el del uranio y su procedencia.
Pero la guerra de Ucrania ha puesto en el punto de mira esta relación. La Comisión Europea, en la actualización de su estrategia para desengancharse de la dependencia energética de Rusia —en la que el gas es el principal elemento—, acaba de incluir un punto en el que apuesta por “limitar las importaciones de uranio, uranio enriquecido y otros materiales nucleares procedentes de Rusia”.
Se une así Europa a las sanciones y restricciones que desde algunos países occidentales se han impuesto ya a Rusia. La más destacada en 2024 fue la Prohibiting Russian Uranium Imports Act, que veta desde hace un año la importación en EE UU de uranio poco enriquecido procedente de Rusia. Esta prohibición ha añadido más tensiones al suministro internacional por la búsqueda de alternativas. Y ha tenido un efecto directo también para España, porque Enusa tiene en vigor un contrato con la norteamericana Centrus Energy, que se nutría del uranio ruso. Y no está claro que lo acordado para 2025 acabe llegando finalmente a España.
Enusa resalta que está a la búsqueda de “otras fuentes alternativas para garantizar el suministro a los reactores” y que, por primera vez, se ha negociado un contrato con la empresa China Nuclear Energy Industry Corp. Además, se intenta incrementar “el stock de reserva, debido a la incertidumbre del mercado y a la saturación de las compañías occidentales por las sanciones al uranio ruso”.
A los problemas en Rusia se añaden otros conflictos en países de los que España depende para tener combustible para sus reactores. Es el caso de Níger, donde el golpe de Estado de 2023 ha tenido un “impacto notorio en el mercado” debido “a la importante producción de concentrados de uranio en este país durante los últimos 50 años”. “Lo cierto es que actualmente la extracción de sus recursos mineros se encuentra prácticamente suspendida, habiendo sido revocada la licencia de explotación concedida a Orano”, se señala en la memoria de 2024, donde se admite la “gran incertidumbre para el futuro” respecto a este país africano.
El Gobierno de José María Aznar cerró a finales del año 2000 la última mina de uranio que permanecía abierta en España debido a la falta de rentabilidad. Los Ejecutivos posteriores, incluido el de Mariano Rajoy, no han tirado de las reservas de más de 34.000 toneladas con las que, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuenta el país al considerarse que no tenían la suficiente calidad para su explotación. En ese contexto, la dependencia del uranio enriquecido procedente de Rusia creció con los años con una estrategia compartida por presidentes del PP y del PSOE, y ahora resulta mucho más difícil de diversificar su suministro que las compras de gas.
Una empresa privada, la australiana Berkeley, terminó haciéndose con parte de los derechos que tenía el Estado en Salamanca, e intentó desarrollar . Pero esa iniciativa fue vetada y la empresa, , ha reclamado 921 millones de euros al Estado por esa prohibición.
Por un lado, en mayo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Cambio Climático, con la abstención del PP, en la que figura . Por otro, en julio de ese mismo año, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el que se consideró el varapalo definitivo al proyecto: rechazó que se concediera el permiso de construcción de la planta de procesado del mineral, vital para esta polémica explotación minera.
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Source: elpais.com