El Gobierno limitará la influencia en la sanidad pública de los médicos que cobran de las farmacéuticas

El nuevo Real Decreto nace de la necesidad de adaptar a nivel nacional el que incluyen a los medicamentos, pero la redacción actual de la norma ha despertado recelos entre las principales entidades médicas.

Otras entidades, en cambio, consideran positiva una mayor regulación del papel en la sanidad pública de los llamados KOL (iniciales de key opinion leaders en inglés, líderes de opinión clave en español). “Son los profesionales sanitarios más valiosos para la industria por el reconocimiento e influencia que tienen sobre otros médicos y la opinión pública”, afirma Ángel María Martín, inspector farmacéutico jubilado y vicepresidente de la Asociación Acceso Justo al Medicamento.

Las relaciones económicas entre la industria y los profesionales sanitarios —también del sistema público— son algo habitual y el propio sector las hace públicas cada año. En la mayor parte de ocasiones, las cuantías son menores y sirven para pagar la asistencia a algún congreso o curso de formación. Pero en otros casos, ascienden a decenas de miles de euros en honorarios por consultorías u otros servicios.

En la mayor recopilación hecha en España de estos pagos, correspondiente a 2022, Martín identificó 855 KOL que percibieron ese año más de 15.000 euros de la industria. De ellos, 310 de ellos recibieron más de 25.000, 71 más de 50.000 y nueve más de 100.000. “Uno de cada 10 oncólogos médicos que trabajan en la sanidad pública, uno de cada 12 reumatólogos, uno de cada 15 dermatólogos y uno de cada 20 hematólogos son KOL”, destaca el trabajo.

Para Avendaño, “el objetivo más importante del sistema es evitar que las decisiones se tomen con influencias indebidas y la transparencia en las relaciones de interés, que no tienen por qué constituir un conflicto, es la mejor forma de conseguirlo”.

Jordi Nicolás, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), celebra la importancia que la nueva norma otorga a la evaluación. “Los medicamentos incorporados a la sanidad pública deben demostrar eficacia y seguridad. Pero, además, debe tenerse siempre en cuenta la variable relacionada con el precio y el impacto económico que tendrán con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”, defiende.

Los estudios realizados hasta la fecha muestran la importancia que para la población tiene que las relaciones entre el sistema sanitario y la industria sean percibidas como libres de conflictos de interés. Este es un tema que aflora de forma recurrente en las investigaciones sobre fenómenos como los recelos a las vacunas o la persistencia de las pseudoterapias.

Celia Díaz-Catalán, investigadora del , destaca la pandemia de la COVID como un ejemplo de los beneficios de una buena comunicación. “Se hizo mucha pedagogía para explicar la rapidez con la que se habían desarrollado las vacunas, que era algo que junto a los intereses de la industria despertaba recelos, como se vio en algunos momentos. Pero luego fue evidente que una información adecuada, hecha pública de forma transparente y basada en la evidencia disponible, logró reducir las reticencias y alcanzar unas elevadas coberturas”, concluye.

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