El ministro Pablo Bustinduy está impulsando una batería de medidas que buscan revolucionar el consumo: de prohibir la publicidad de combustibles fósiles y de alimentos insanos para niños o el greenwashing a garantizar el derecho a reparar; de impedir subir el precio de la reventa de entradas a exigir que los servicios de atención al cliente respondan antes de tres minutos. Aunque la endiablada aritmética de la legislatura complica la aprobación de algunas de estas normas, los expertos y las asociaciones de consumidores ven positivos los cambios aunque alertan de que algunos pueden ser complejos de implementar, mientras las patronales creen que pueden generar problemas económicos y subir los precios.
Hay de todo. La ley de consumo sostenible traspone dos directivas europeas —sobre reparabilidad y ecopostureo—, pero va más allá al hablar de reduflación y reventa de entradas. La ley de servicios de atención a la clientela (SAC) incluye varias mejoras en el sector, se quedó a las puertas del BOE en la legislatura anterior —entonces con Alberto Garzón como ministro— y cosechó un gran consenso que ahora ha perdido. Mientras, los decretos para prohibir la publicidad de alimentos insanos para niños y para regular los comedores de hospitales y residencias serán complejos de convalidar. El único ya aprobado es el decreto que regula los comedores escolares.
Francisco Hortigüela, presidente de Ametic —patronal de la industria digital—, piensa que las futuras garantías de reparabilidad son positivas, “pero se debería apostar por un modelo similar al de Austria, que usa fondos europeos para impulsar una economía de reparación sin trasladar ningún coste adicional a consumidores o fabricantes”. La norma española no prevé eso, sino que lo paguen los fabricantes, ante lo que Hortigüela preludia “falta de productos en el mercado español, desincentivo a pequeñas marcas y encarecimiento de productos”. Alberto Zapatero, de la patronal de electrodomésticos Applia, añade: “Medidas que afecten solo al fabricante, y que carguen en él únicamente la responsabilidad de financiación de las reparaciones, supondrían un factor más hacia la pérdida de competitividad de nuestras industrias y la continua aceleración de su deslocalización”.
El ministro responde: “Somos plenamente conscientes del impacto en la estructura de algunas empresas, pero aspiramos a que tenga resultados visibles en la mejora de la protección de los consumidores. No se puede plantear que garantizar derechos básicos o acabar con prácticas abusivas sea un lujo”. Y añade: “Si un modelo de negocio se basa en prácticas lesivas de los derechos de los consumidores, no me importa cómo de rentable pueda llegar a ser: ese modelo de negocio no tiene cabida en una democracia”. El portavoz de la OCU tercia: “Tener clientes cuesta dinero. No se puede plantear un negocio que genere beneficios por incumplimientos de la ley que perjudican a los consumidores”.
Otro tanto pasa con la prohibición de subir el precio en la reventa de entradas más allá del IPC. “Hay que regularlo, veremos si lo consigue”, dice el portavoz de la OCU. Ticketmaster difiere: “Tenemos una plataforma de intercambio de entradas donde se puede subir el precio un 20%, pero tiene costes técnicos, humanos y financieros que deben cubrirse. Si no podemos aplicar gastos de gestión, se pone en riesgo y aumentará el fraude, porque los vendedores se irán a plataformas inseguras”. Viagogo, especializada en reventa, dice que quiere trabajar con el Gobierno para asegurar que esta modalidad sea “segura, transparente y fiable”.
Varios de los cambios tienen que ver con la alimentación: los decretos para regular los comedores escolares y hospitalarios —con más frutas, verduras y legumbres y menos fritos— y la prohibición de la publicidad de alimentos insanos para niños. “Son reformas necesarias y muy interesantes para los consumidores, sobre todo porque se lanza el mensaje de que las instituciones entienden que hay un problema con los alimentos insanos, tanto en los comedores como en la publicidad, y que la autorregulación publicitaria no ha funcionado”, resume la nutricionista y divulgadora Beatriz Robles.
Food Service España, patronal de la restauración colectiva —sirven cada día 4,1 millones de menús—, apunta: “Valoramos positivamente el impulso normativo que se está dando en torno a la alimentación saludable, sostenible y de calidad. Las empresas de restauración colectiva han venido aplicando estándares nutricionales y de calidad muy similares a los que ya recogen el decreto aprobado y el futuro. No prevemos grandes dificultades de adaptación”. Lo mismo opina la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra): “Hace ya 20 años que asumimos voluntariamente no comercializar bebidas refrescantes en los colegios”.
El también nutricionista Juan Revenga opina: “Estos cambios son positivos, pero si luego no hay organismos que sancionen a los incumplidores se quedarán en papel mojado. Lo fundamental es regular la publicidad de alimentos insanos para niños, y eso no está claro que vaya a salir, porque la industria se opone con fuerza desde hace años”. Pone como ejemplo los países nórdicos, donde han eliminado de la parrilla publicitaria, pero también de Youtube y las redes sociales, ese tipo de anuncios.
En la pasada legislatura, Agricultura —alentada por la industria— maniobró para no aprobar el decreto de publicidad de alimentos insanos. La patronal alimentaria FIAB prefiere no entrar en polémicas: “Los cambios normativos deben surgir de la evidencia científica y del diálogo con los sectores, y requieren de un tiempo suficiente de adaptación”. Otra asociación que reúne a fabricantes y distribuidores, Aecoc, tercia: “Lo lógico no es tanto tratar de imponer los cambios desde la regulación, sino invertir en información y formación a la ciudadanía. El de la alimentación es ya un sector muy regulado y está sufriendo una avalancha normativa, sobre todo en cuanto a sostenibilidad, que resulta difícil de asumir”.
Bustinduy responde: “El ministerio tiene la obligación de escuchar a los sectores, pero eso no implica ni obedecer ni renunciar a regular, sino hacerlo con firmeza y voluntad de transformación”. El portavoz de Facua resume: “Consumo está pisando el acelerador y queriendo hacer muchas cosas. Es el modelo a imitar para futuras legislaturas”.
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Source: elpais.com