Hace dos cursos, la universidad privada española, que matricula a uno de cada cuatro estudiantes de grado, superó a la pública en máster (50,2%): 145.306 inscritos frente a 143.649. El país cuenta con fantásticos MBA privados, pero el sorpasso recayó en los másteres habilitantes, obligatorios para ejercer determinadas profesiones. Y los datos provisionales del reparto de plazas ofertadas de máster para este septiembre, a los que ha accedido este diario, son muy elocuentes: están en manos privadas el 84,7% (8.200 inscritos) de los puestos de formación para trabajar como psicólogo sanitario, el 74,4% (21.100) de los de profesor de secundaria o el 61% (7.700) del de los abogados y procuradores.
Los centros privados ofertan más plazas de másteres habilitantes de las que luego llenan ―les queda un margen grande de autorizadas pensando en el futuro―, pero superan a los públicos en matriculados, aunque se acorta la diferencia entre ambas. “Llega un punto en el que necesitas más profesorado, más aulas, más medios técnicos y más prácticas que se tienen hacer obligatoriamente; y claro, pues se llega al límite, cada uno en función de sus propias capacidades”, denuncia Francisco Olivas, rector de la Pablo de Olavide (Sevilla) y presidente de la asociación de universidades públicas andaluzas. El pasado curso recibieron 3.137 solicitudes para hacer su máster en profesorado para 365 plazas, ofertaron cinco más que en 2023. Y en el de abogacía tuvieron 299 solicitudes para 40 puestos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 31 de marzo que el ministerio de Ciencia iba a invertir 30 millones de euros en crear 7.000 plazas de grados (Educación y Comunicación) y másteres habilitantes (formación del profesorado y psicología general sanitaria) de altísima demanda, y de nuevas carreras como Inteligencia Artificial y Neurociencias en la Universidad Nacional a Distancia (UNED), que depende administrativamente del Ejecutivo. “Duplicaremos la oferta para que nadie tenga que pagar una fortuna en la privada”, dijo. Pero este plan no verá la luz este septiembre.
Ferrer, que al frente de la conferencia de decanos representa a los centros públicos y privados, evita valorar si puede otorgarse una formación de calidad a cientos de alumnos. Lo que sí cree es que los alumnos no deberían tener que buscarse las prácticas, como ocurre en algunas universidades.
Antes del plan Bolonia, para ejercer de profesor de secundaria, los licenciados de cualquier especialidad tenían que aprobar el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) con unas pocas horas teóricas y unas prácticas en un centro educativo. Pero ahora se cursa el máster en profesorado y las privadas han encontrado un nicho enorme: sus inscritos se han más que doblado (de 9.300 en 2015 a 20.500 en el 2023) y más de la mitad (54,6%) asisten a clase a distancia.
En la universidad pública, los aspirantes a profesores crecen lentamente: de 14.400 en 2015 a 18.400 en 2023 (un 21% más). La privada, por tanto, le gana por 2.100 inscritos (52,5% del total), aunque tiene autorizadas el 74% de las plazas. Así, cada campus marca territorio a futuro frente a otros privados.
La conferencia de decanos de Educación, con 85 socios, lleva tiempo dándole “una vuelta” a este posgrado, en palabras de su presidenta Lucía Herrera, que se plasmará a finales de año en un libro blanco y que se ha basado en un cuestionario. Lo van a “replantear”, porque consideran que en un curso “no es posible formar con la variedad de personas que acceden con titulaciones muy distintas”, remarca Herrera, decana de la facultad de Melilla, que depende de la Universidad de Granada. “Y se quiere establecer mayor peso al prácticum” y su coordinación con los centros que acogen a los alumnos. Los precios del máster docente presencial van de los 590 euros de una universidad pública gallega a los 6.800 del CEU San Pablo.
Herrera cree que los campus públicos “no tienen capacidad” para asumir a más alumnos con una docencia de calidad. No está de acuerdo con que el máster se imparta on line en unos centros a los que no representa en la conferencia: “Esas universidades no les capacitan realmente las competencias que luego tienen que desarrollar en su trabajo: a identificar las necesidades específicas al apoyo en tu alumnado, a la atención de su bienestar, al trabajo en equipo…. No puedes aprenderlo porque tú estás trabajando de forma individual [en casa]”.
En la Universidad de Oviedo, la de este decano, han pasado de llenar 100 plazas a 60 en un posgrado presencial. En 2023 (últimos datos oficiales), los campus online Internacional de La Rioja, UNED (pública) e Internacional Valenciana sumaron entre los tres 3.300 inscritos, cuanto la oferta total para este septiembre es de 12.500.
Los precios en la titulación de abogacía oscilan de los 885 euros en una universidad pública gallega a los 34.200 de la Universidad de Navarra, privada. Dura año y medio (seis meses en un despacho). “Luego hay estudiantes que buscan un doble máster, el de abogacía y uno que les especialice. Y en esto las universidades privadas se han movido mejor y más rápido”, añade Fernández Teruelo. Según una comparativa del diario Cinco Días, estos posgrados dobles en centros de prestigio se están encareciendo todavía más gracias al aumento de la demanda pese a su alto precio, hasta los 36.500 euros en el IE.
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Source: elpais.com