Reconozcámoslo: el rechazo esta semana en el Congreso del decreto antiapagones no es sólo un obstáculo más en la transición energética, es una pérdida de oportunidad vergonzosa, desalentadora y un síntoma de la lejanía actual de la clase política frente a las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía, que asiste perpleja a un debate energético donde no parece haber soluciones ni esperanza posibles.

Pero ni esta falta de soluciones es cierta ni tampoco sirve de nada quedarnos de brazos cruzados esperando a que haya mejor suerte a la vuelta del verano. Por más carencias que tuviera el decreto, por mucho que siguiera dejando demasiado poder en manos del oligopolio energético, la propuesta tumbada el miércoles era un escalón necesario en el camino hacia un sistema energético 100% renovable.

Nadie niega que estemos ante un laberinto de decisiones difíciles con muchos grupos de interés enfrentados, al menos aparentemente. Decisiones que, según la correlación de fuerzas o las circunstancias, favorecen a unos sectores más que a otros. Pero necesitamos avanzar, adoptar decisiones contundentes y no perder de vista el objetivo común: descarbonizar nuestro sistema de la forma más eficiente y justa posible porque la crisis climática no espera y nos va la vida en actuar para evitar los peores escenarios.

Pensamos que el primer paso para hacer posible un sistema basado en las renovables es la democratización de la energía. La norma que no se ha aprobado contenía medidas largamente esperadas de aceleración del impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas. Sin embargo, aún somos herederos de un sistema energético del siglo XX donde un puñado de empresas lo poseían todo, desde las centrales térmicas a las redes de distribución, y con ello un gran poder.

El RDL carecía de medidas concretas para democratizar este poder poniendo coto al oligopolio, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, ni tampoco se centraba en regular el abuso del uso especulativo de las centrales hidroeléctricas que tienen concesionadas estas empresas.

Por último, las otras dos claves que faltaban en el RDL para conseguir un sistema justo que nos dé la energía que necesitamos son las componentes de inteligencia y eficiencia: es urgente minimizar los impactos sobre la biodiversidad y el territorio, pues recordemos que cada unidad de energía malgastada supone daños sobre los ecosistemas que se podrían haber evitado, tanto en ocupación de territorio como en minería, en residuos radiactivos y, sobre todo, en emisiones causantes del cambio climático.

Danas como la de Valencia van a ser la norma si no asumimos que frenar el cambio climático tiene que ser condición necesaria para el resto de políticas. Necesitamos un consenso político amplio que permita aprobar normativa valiente que transforme nuestro sistema energético, mayoritariamente fósil y en manos de unos pocos, en uno limpio, renovable, transparente, descentralizado, interconectado, eficiente e inteligente.

Debatamos sobre lo importante y sigamos subiendo escalones hacia un acceso a servicios energéticos renovables, seguros y suficientes que nos permitan una vida digna. Y mientras, no paralicemos las reformas necesarias que, pese a sus luces y sombras, nos permiten estar cada día más cerca de la transición energética que nos pertenece por derecho.

Francisco del Pozo Campos es el responsable de la Campaña de Combustibles Fósiles de Greenpeace.

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Source: elpais.com