La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher, indaga la relación entre la falta de planes de prevención contra los incendios forestales —una asignatura pendiente en el país desde hace años que afecta a todos los niveles de la administración— y la brutal ola de fuegos que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas. Vercher ya ha trasladado a la unidad del Seprona, de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía General del Estado la necesidad de recabar información sobre si los municipios que han padecido los peores incendios cuentan con estos planes de prevención, como establece la Ley de Montes, de 2003.

La ausencia de programas de prevención no solo afecta a los Ayuntamientos, también a las comunidades autónomas, que están obligadas desde hace tres años a elaborar planes anuales de este tipo. Además, tiene responsabilidad el Gobierno central, que todavía no ha aprobado el real decreto en el que se fijan los criterios comunes para que los Ejecutivos regionales elaboren sus programas autonómicos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que esa norma se aprobará “en pocas semanas” y achaca el retraso al complejo proceso de alegaciones al ser una competencia compartida con las autonomías.

La Ley de Montes establece que las llamadas zonas de alto riesgo de incendio deben contar con planes de prevención. El objetivo de esos documentos, apunta Vercher en el escrito al que ha accedido EL PAÍS, es “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” gracias a la “anticipación”. Esos planes, añade Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, ayudan a identificar los “puntos débiles” en un municipio y a ser conscientes de por dónde pueden venir los problemas cuando entran las llamas.

Greenpeace denuncia desde 2018 el bajo nivel de cumplimiento de los municipios del país a la hora de elaborar los planes. Critica asimismo la opacidad por parte de las administraciones, principalmente las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la hora de informar sobre este tema. La Fiscalía de Medio Ambiente, de igual forma, lleva años advirtiendo de este problema. El propio Vercher ha podido trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto del Ejecutivo esta preocupación en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod) en las que ha participado con motivo de la actual oleada de incendios.

Ese deber fue introducido en la normativa a través de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado en agosto de 2022, tras un inicio de verano desastroso. De hecho, 2022 era hasta este agosto el peor año desde los noventa del siglo pasado en cuanto a hectáreas quemadas. En aquel real decreto de hace tres años se advertía de que “el calentamiento global, junto con el proceso de transformación social, económica y ecológica del medio rural” apuntaban ya “a la aparición de situaciones de emergencia de mayor complejidad” en cuanto a los incendios.

La elaboración de esas directrices para los planes anuales autonómicos de prevención se ha abordado desde 2022 en varias reuniones del llamado Comité de Lucha contra Incendios Forestales, un órgano de coordinación entre administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica elaboró un borrador de real decreto que estuvo hasta noviembre de 2023 abierto a participación pública. Pero esa norma que debe establecer los criterios de los planes no se ha aprobado.

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Source: elpais.com