Brasil acaba de propinar un durísimo golpe a un acuerdo que durante dos décadas ha sido crucial para reducir la deforestación relacionada con el cultivo de soja en la Amazonia. La agencia gubernamental antimonopolio suspendió cautelarmente esta semana la llamada moratoria de la soja, un acuerdo suscrito en 2006 por las principales empresas con la sociedad civil, con apoyo del Gobierno, por el que las compañías comercializadoras se comprometen a no comprar grano procedente de tierras deforestadas después de julio de 2008. Se considera un caso de éxito porque en estos años ha demostrado que la producción agrícola puede aumentar sin necesidad de derribar más árboles. Este grave revés ambiental ocurre a menos de tres meses de que Brasil acoja la cumbre del clima de la ONU, la COP30, en la ciudad amazónica de Belém, y cuando presume de la caída de la desforestación.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático brasileño, dirigido por , salió inmediatamente en defensa de la eficacia moratoria, que el Gobierno respaldó desde sus inicios. La ministra y todo el Gabinete son conscientes de que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil por los índices anuales de deforestación en la Amazonia, que en 2024 perdió 6.288 kilómetros cuadrados, lo que supone una caída del 30%.

La suspensión del pacto sobre la soja es un retroceso que pone en riesgo el objetivo de Brasil de eliminar completamente la tala ilegal en la mayor selva tropical del mundo, que es clave para regular la temperatura del planeta y, por tanto, en la lucha contra el calentamiento global.

La moratoria atañe al cultivo de un solo producto, la soja, pero conviene tener presente que Brasil es el mayor productor mundial de esta legumbre, que se usa para fabricar pienso para animales y peces, y es uno de los pilares de las exportaciones nacionales.

“Los resultados alcanzados [por la moratoria] son innegables”, enfatizó el ministerio de Medio Ambiente. “Lejos de restringir el mercado, el acuerdo contribuyó a consolidar la imagen de Brasil como proveedor confiable de soja producida sin deforestación ni violaciones socioambientales”. El departamento de Marina Silva ha traducido los efectos de la moratoria en números: la superficie de soja cultivada en la Amazonia se cuadruplicó desde que entró en vigor la moratoria, sin generar nuevas áreas deforestadas. Y otro dato clave que Greenpeace también subraya: solo el 3% de la deforestación en la Amazonia está relacionado con la producción de soja.

Aprosoja, la principal patronal del sector, ha saludado la suspensión de la moratoria como “un hito histórico en la defensa de la libre competencia” y una garantía de seguridad jurídica.

Pero llueve sobre mojado. Esta decisión, sostiene la representante de Greenpeace, “forma parte de un movimiento mayor de ataques a las políticas públicas, a los acuerdos multisectoriales y a las leyes” que Brasil ha adoptado en las tres últimas décadas. El objetivo de estos ataques, detalla Mazzetti, es “eliminar las restricciones adoptadas a una manera predatoria de producción agrícola”.

Hace poco más de un mes, el ala más ultra y recalcitrante del sector agropecuario se anotó otra victoria, al conseguir que el las normas para conceder licencias ambientales. El ataque más dañino a la legislación ambiental en muchos años. Los empresarios agropecuarios más agresivos batallan para que parte de las tierras indígenas pierdan la protección legal que impide abrirlas a los cultivos a gran escala. El presidente Lula y sus aliados están en minoría en el Congreso.

La representante de Greenpeace recalca que este retroceso con la soja va en dirección contraria de lo que el mundo demanda, que son productos libres de deforestación. Prueba de ello es la legislación antideforestación de la Unión Europea, que veta las importaciones de soja, aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado y madera de tierras ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2025, pero Brasil, Indonesia y otros países afectados pusieron el grito en el cielo y lograron aplazar un año la aplicación del veto.

Brasil es consciente de que la actual crisis del multilateralismo, la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París (por segunda vez) y la atención y recursos internacionales dedicados a las guerras de Ucrania y Gaza merman las posibilidades de alcanzar los consensos necesarios para avanzar con ambición y paso firme en la lucha contra la emergencia climática. Aunque la gravedad de los incendios, sea en España o en Brasil, de las inundaciones, huracanes y demás eventos climáticos extremos son el recordatorio cotidiano del estrés al que la humanidad somete al planeta.

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Source: elpais.com