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Domingo, 24 de agosto 2025, 00:09
Que la energía atómica represente alrededor del 21% de la generación total en agosto –con datos hasta el día 22– en línea con el mismo periodo en los años anteriores –22,2% en 2024, 21,7% en 2023 y 20,5% en 2022– no sería una novedad si no fuera por dos circunstancias. La primera, que esta remontada se ha producido desde los mínimos históricos a los que se hundió tras el gran apagón –14,6% en abril y 14,7% en mayo–. Y la segunda, que esta fuente de energía mantiene su papel clave a menos de 70 días para que finalice la fecha límite del 1 de noviembre en la que las eléctricas deberán empezar a tramitar oficialmente la parada definitiva de la central de Almaraz si no se llega a un acuerdo entre sus titulares y el Gobierno para prorrogar su clausura.
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Nuclear
La ola de calor, por otra parte, también ha contribuido a agravar aún más el problema de las horas de producción renovable y cómo se acoplan con la demanda. Y es que las restricciones técnicas en la red que está aplicando el Red Eléctrica desde el 28 de abril están multiplicando otro efecto indeseado: España tiene abundancia de renovables, pero falta demanda firme y red suficiente para inyectarla por lo que se desperdicia si no se almacena.
Según los propios datos del operador del sistema, el porcentaje de energía renovable que una vez generada el sistema desecha porque no la puede integrar –’curtailment’, en lenguaje técnico– escaló en julio por encima del 10%, un nivel nunca visto hasta ahora y que contrasta con el 3% que alcanzó en el mismo mes del año pasado, con una penetración renovable similar y no se había producido ningún apagón.
Así las cosas y después de que el Congreso tumbase en julio el paquete antiapagones y el Gobierno tuviese que recuperar algunas de estas propuestas en un real decreto descafeinado, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue aferrándose a lo pactado hace seis años en lo que respecta al adiós nuclear. Si nada cambia, entre 2027 y 2035 se apagarán los siete reactores del parque atómico español. Pero entre bambalinas sí se han producido movimientos. La cuestión tras el intercambio de mensajes que se han producido de manera informal ya no se centra en la cuestión de prolongar o no el cierre –asunto que ha provocado división en el seno del Gobierno por el rechazo de Sumar a esta posibilidad— sino a qué coste.
La fiscalidad actual, que resulta adecuada para el Ejecutivo pero inviable para asegurar la rentabilidad del negocio nuclear según las eléctricas, es el principal escollo para abrir una vía de negociación ya que una de las «líneas rojas» que esgrime el Ejecutivo pasa porque la prórroga no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Las empresas más perjudicadas por el apagón del pasado 28 de abril están esperando al informe final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reclamar las indemnizaciones pertinentes. Aunque el organismo tiene avanzadas las investigaciones, aún quedan semanas hasta que publique el documento definitivo e imparcial que arroje luz sobre el causante del incidente que dejó sin electricidad a la mayor parte de la Península durante horas.
El Gobierno fue el primero en presentar su informe, en el que repartía culpas entre Red Eléctrica y las compañías energéticas. En el análisis de Redeia se puso el foco en las empresas, y éstas –a través de la patronal Aelec– devolvieron las culpas hacia el gestor del sistema eléctrico.
Source: www.hoy.es