El Ministerio de Educación situó, al inicio del curso pasado, la reforma a fondo del profesorado como su gran prioridad con un mensaje ambicioso. A principios de 2025 comenzó la negociación con los sindicatos, y se constituyeron grupos que abarcan casi todas las áreas relacionadas con la profesión: desde lo que aprenden los futuros docentes en la universidad al formato de las oposiciones, pasando por la ratio de estudiantes por aula y la carrera profesional. Pasados los meses, sin embargo, los avances han sido muy pequeños, advierten los sindicatos más implicados en la negociación, y el Gobierno todavía no les ha presentado ninguna propuesta concreta al margen de un documento de carácter técnico sobre el marco de competencias docentes.
Azuzados por lo que muchas voces en el mundo de la enseñanza describen como un malestar creciente en los centros educativos, los sindicatos avisan de que el clima educativo puede empeorar bruscamente si el Ejecutivo no da pasos claros tras la vuelta de vacaciones o si estos resultan insuficientes. “Nos están poniendo en una situación muy complicada. Si la cosa sigue así, saldremos a la calle”, señala una fuente sindical.
Dicho malestar escolar se basa en buena medida en el aumento de la complejidad de las aulas ―con un alumnado más diverso― y la mayor dificultad de la tarea que se exige a sus profesionales ―una enseñanza más competencial y una atención más personalizada― sin que se haya producido un incremento paralelo en los recursos, coinciden las fuentes.
El último año del Gobierno ha sido complejo: sigue sin presupuestos, no goza de una mayoría segura en el Congreso, y ha recibido una gran presión por parte de Estados Unidos y la OTAN para aumentar el gasto en defensa, por citar tres elementos que complican una reforma que, en su mejor versión, requiere muchos fondos y un cambio en la legislación educativa.
Simplificando, los cinco principales sindicatos docentes que participan en las conversaciones con el ministerio pueden dividirse entre los que han mantenido una postura constructiva, aceptando la idea de alcanzar acuerdos concretos que vayan mejorando las condiciones del profesorado y la calidad del sistema, entre los que figuraran CC OO, ANPE, y UGT. Y aquellos que, por motivos y posiciones ideológicas muy distantes, han transmitido casi desde el principio desconfianza hacia la utilidad del proceso y en que vaya a desembocar en mejorar significativas, CSIF y STES.
El , cuando se aprobó la Logse ―anteriormente era mayor―. Para cambiarlo de raíz y obligar a las comunidades a aplicar el nuevo techo, sería necesario cambiar la ley de educación, la Lomloe. El Gobierno precisaría por tanto el apoyo de sus socios. Ello no es imposible, pero como ya se vio durante la tramitación de la Lomloe, los partidos nacionalistas tienden a ser reacios a regular con carácter estatal cuestiones que afectan a ámbitos en los que, por otro lado, tienen la competencia, como la organización escolar. En este caso, además, bajar la ratio de alumnos tiene un coste económico que en principio recaería en las comunidades autónomas: implica contratar más docentes y, como puso de relieve la reducción del tamaño de los grupos en la pandemia, en ciertos centros puede requerir, además, aulas adicionales.
Por otro lado, sin embargo, el descenso de la natalidad hace más fácil aplicar la medida, sobre todo en los colegios de infantil y primaria. Y, de hecho, buena parte de las comunidades autónomas ya han empezado a hacerlo, al menos en parte de sus municipios.
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Source: elpais.com