El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto a través del que el Estado fija las directrices y criterios comunes que deben incluirse en los planes autonómicos de prevención de incendios. Esta norma estaba pendiente desde la oleada de incendios de 2022, que hasta este agosto había sido el peor año del siglo en cuanto a incendios. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica aduce que, al tratarse de una competencia compartida con las comunidades autónomas, el proceso de alegaciones ha sido muy complejo y no se ha podido aprobar hasta tres años después.

2022 fue un año también terrible de incendios, con los dos fuegos en la sierra de la Culebra como los más impactantes de verano. A finales de julio de aquel año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se adoptaban “medidas urgentes en materia de incendios forestales”. Y se modificó la Ley de Montes para establecer que “las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”. Además, esos documentos “comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente”.

La misma norma señalaba que el Ministerio para la Transición Ecológica debía elaborar, “con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto”. Tras varias reuniones de ese comité para redactar la norma, el ministerio sacó a información pública un borrador a finales de 2023 para que los interesados pudieran presentar alegaciones.

Una vez que EL PAÍS publicó la semana pasada que, por un lado, la fiscalía estaba indagando sobre si los municipios afectados por los peores incendios contaban con planes de prevención y que, por otro lado, el Gobierno no había aprobado aún el real decreto con las directrices pendiente desde 2022, Transición Ecológica aseguró que esta norma no era “condición imprescindible” para que las autonomías pudieran elaborar sus programas anuales. Además, el ministerio aseguró que las autonomías ya estaban obligadas antes de 2022 a desarrollar “planes de prevención de incendios forestales”. Fuentes gubernamentales han asegurado este martes que todas las comunidades, salvo la valenciana, tenían este año plan de prevención de incendios.

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Source: elpais.com