El 17 de agosto, en medio de la oleada de incendios, el presidente del Gobierno anunció la negociación de un pacto de Estado por la emergencia climática a partir de septiembre. El primer pasó será la creación de la comisión interministerial para impulsarlo, anunciada para esta semana. Las personas que trabajamos en campos de la ciencia relacionados con dicha emergencia vemos en este pacto una oportunidad histórica. España tiene ante sí la posibilidad de ir todos a una: administraciones, partidos políticos, empresas, sindicatos, comunidades autónomas, sociedad civil y sector científico. El reto es enorme y sistémico por lo que para que este pacto sea realmente transformador, debe ser el máximo de transversal posible, pensado a largo plazo, más allá de una legislatura y reconocer a la ciencia y a la naturaleza como sus ejes centrales.
La ciencia, como elemento y sector bidireccional, es clave. La ciencia puede situarnos en la senda de una acción climática ambiciosa, efectiva y justa. La investigación no solo nos alerta sobre los riesgos, sino que proporciona soluciones, herramientas y escenarios de acción que permiten orientar decisiones y políticas. Para que España avance de manera efectiva en la lucha contra el cambio climático, es imprescindible el refuerzo de la investigación climática, con financiación estable para seguimiento de riesgos y la generación de conocimiento útil para la prevención y la adaptación. Más allá de la investigación, la ciencia debe tener un diálogo fluido y continuado con las administraciones, tanto central como autonómicas, y los centros de investigación deben ocupar su espacio en la interfaz ciencia-política. Por su parte, las administraciones deben garantizar el uso estratégico y sistemático de los recursos existentes y las estructuras consolidadas en el ámbito del asesoramiento científico con las que España ya cuenta —como la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) o el en Cataluña— para pasar de un asesoramiento puntual o reactivo a una integración continuada y transversal de la evidencia científica en todas las decisiones relevantes. Esta conexión efectiva entre ciencia y política es clave para que las medidas sean más precisas, coherentes y adaptadas a la complejidad del reto.
Por otro lado, se tiene que poner el foco en la biodiversidad. El pacto de Estado debe mirar más allá de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, la llamada visión de túnel del carbono. Debe abordar también la adaptación al cambio y la prevención de sus efectos negativos sobre las especies y los ecosistemas, incorporando soluciones basadas en la naturaleza: bosques gestionados de forma sostenible que reducen el riesgo de incendios catastróficos y protegen la biodiversidad; cuencas hidrográficas planificadas de manera participativa que nos ayudan a afrontar sequías e inundaciones; agricultura regenerativa para fortalecer la resiliencia de los sistemas rurales; y ciudades verdes y ecológicas que contribuyen a mitigar olas de calor y fenómenos extremos. La naturaleza no es un recurso opcional: es la base de nuestro bienestar y de la seguridad de nuestra sociedad.
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Source: elpais.com