“En las actuales circunstancias, y hasta que Israel dé marcha atrás en sus actuales políticas, la UE debe adoptar un enfoque distinto del habitual, dejando claro que cualquier diálogo político o cooperación estarán orientados en torno a resultados y se basarán en ellos”, señala la propuesta. Un diálogo, continúa, que deberá además “centrarse en un limitado número de prioridades basadas en el derecho internacional: ayuda humanitaria, combatir el antisemitismo, implementar la solución de dos Estados y prevenir y combatir el terrorismo”.
El documento español también deja claro que hay margen de maniobra —y que la Comisión ahí tiene que dar un paso decisivo que hasta ahora no ha dado— para proponer activamente otras vías de presión “inmediatas” y complementarias al paquete de diez “opciones” en el marco del Acuerdo de Asociación presentado por Kallas a comienzos del verano, tras constatarse formalmente que Israel no está cumpliendo sus obligaciones de respeto de los derechos humanos que condicionan el instrumento bilateral clave.
“Sin perjuicio de la posible implementación de otras medidas, la UE debería empezar por aquellas que solo requieren la implementación de legislación europea ya vigente o que pueden ser adoptadas de inmediato por las instituciones relevantes”, sostiene la propuesta española.
Entre otros, la Comisión debería “presentar de manera urgente un marco de medidas específico” para implementar la obligación de interrumpir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales, de acuerdo con la opinión consultiva del la Tribunal Internacional de Justicia de 2024. De forma similar a la de España, en Copenhague Francia planteará aumentar los aranceles a productos de asentamientos, tal como se hizo con productos agrícolas rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania.
La mayoría cualificada para ciertas medidas no está aún garantizada, pese al endurecimiento del tono de países tradicionalmente aliados de Israel, como Alemania o Italia (este último incluso firmó una declaración conjunta a finales de junio con otros 25 países, también Austria, de la guerra en Gaza). Aun así, España quiere que la Comisión proponga una suspensión parcial —la parte comercial— del Acuerdo de Asociación y que se evalúe incluso la posibilidad de su suspensión total (que requeriría la unanimidad). También considera que el Consejo podría adoptar un embargo de armas a nivel europeo y que se podría elaborar un marco específico para “medidas europeas restrictivas contra personas que minen o saboteen la implementación de la solución de dos Estados, incluidas violaciones del derecho humanitario”.
España no es el único país al que se le agota la paciencia ante la inacción de Bruselas, pese a que la propia Kallas constató este viernes en Copenhague que “no hay mejoras” en la situación en Gaza. También Suecia y Países Bajos han solicitado por carta a Kallas “hacer más para incrementar la presión sobre el Gobierno israelí para que cambie de rumbo y cumpla sus obligaciones en derecho internacional”. Igual que España, piden la suspensión del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación y que se vuelva a votar la exclusión israelí de Horizon Europe, además de reclamar “sanciones contra ministros extremistas que promueven asentamientos ilegales y trabajan activamente contra una solución de dos Estados”, entre otros.
La presión para una mayor acción sobre todo de la Comisión, que es la principal responsable de presentar propuestas —y su presidenta, Ursula von der Leyen, lleva largo tiempo señalada y criticada como la principal responsable de frenar acciones contundentes contra Israel— no llega solo de las capitales. Las propuestas de España, Países Bajos, Suecia o Francia coinciden con lo que reclaman desde hace tiempo miles de trabajadores de las instituciones europeas mediante cartas y protestas ante la Comisión y el Consejo. A ellos se unieron esta semana, de forma inédita, más de 200 antiguos embajadores y altos funcionarios de la UE que también instan a la UE a tomar “medidas inmediatas” contra Israel.
“En Gaza, el tiempo se acaba. La obligación de la Comisión y del Consejo es dar una respuesta urgente al problema más acuciante que tenemos y, por complejo que sea, debemos adoptar medidas efectivas y concretas, y debemos hacerlo ya”, afirma Ribera a EL PAÍS. “Cada Estado arrastra su historia, y eso explica las diferencias sobre cómo afrontar este drama. Pero lo que está claro es que existe una opinión pública europea muy mayoritaria que exige a las instituciones actuar. La ciudadanía se está movilizando para presionar a sus gobiernos nacionales, y en Israel la población encabeza manifestaciones para pedir a Netanyahu que ponga fin a este genocidio”, subraya. “¿Es frustrante no haber alcanzado todavía un acuerdo para aplicar medidas concretas? Sí, lo es. Pero no podemos rendirnos. Debemos seguir luchando y lograrlo. La Historia nos juzgará por lo que hagamos frente a este conflicto”, advierte.
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Source: elpais.com