España reabre este lunes sus centros educativos, a los que a partir del 8 de septiembre empezarán a llegar más de ocho millones de estudiantes. Entre los primeros retos del nuevo curso está gestionar bien una diversidad en rápido aumento. El sistema ha alcanzado la mayor cifra de de su historia, 1.125.860, lo que representa un 30% más que hace un lustro. En siete provincias españolas, uno de cada cuatro alumnos de primaria en los colegios públicos proviene de otros países.

Su incorporación es una fuente de enriquecimiento cultural y ha contribuido a mantener escuelas abiertas (y puestos de trabajo docentes): sin ellos, el enorme agujero que la bajada de la natalidad ha abierto en los colegios, que han perdido cerca de 200.000 estudiantes en cinco años, habría sido un 40% mayor. Los docentes y otros expertos en educación advierten, sin embargo, de que el gran desequilibrio en la distribución de estos alumnos entre la red escolar pública y concertada, y la ausencia de recursos adicionales en la primera para acogerlos, hacen que las dificultades derivadas del idioma, del desfase de aprendizajes con el que muchos llegan, y el agravamiento de la precariedad en la que muchos viven como consecuencia de factores como el encarecimiento de la vivienda, está tensionando el sistema educativo, especialmente el público, y puede mermar su calidad.

Los últimos datos del Ministerio de Educación, publicados a finales de junio, se refieren al curso pasado, y no diferencian, dentro de la enseñanza privada, entre aquella que está subvencionada (la concertada) y la que no. La matrícula de estudiantes de la concertada representa, por otra parte, casi tres cuartas partes del total en los centros privados.

Un elemento clave es, en todo caso, señala Bonal, el perfil que los colegios concertados tienen en unos y otros lugares, y su voluntad de servir al “interés público”. En ese sentido, por ejemplo, los datos de Álava y, en general del País Vasco, no sorprenden a Bonal, especializado en segregación educativa por razones socioeconómicas. “Tienen un volumen elevado de centros concertados que cobran cuotas, lo que les da un perfil elitista”, afirma.

Bonal apunta como causa de la situación en Cataluña el decreto que la Generalitat aprobó en 2021 ―en el marco de un pacto contra la segregación escolar al que se sumaron la Generalitat, más de un centenar de Ayuntamientos y otros actores educativos―, “que ha mejorado la detección de alumnado vulnerable y su distribución equilibrada entre centros públicos y concertados”.

Moreno, que es también vicepresidenta de la Federación estatal de directores de centros públicos Fedadi, considera urgente un cambio en la normativa para que los recursos que reciben los colegios dejen de estar vinculados básicamente al número de clases, como sucede ahora. “No se puede tratar igual a un colegio del interior de Alicante, que tiene 12 o 13 alumnos por aula, que a uno como el mío, con todas las clases a 27, dificultades lingüísticas y niños y niñas con graves carencias económicas. Hay que darle una vuelta”, afirma.

Los datos de Educación reflejan que el número total de alumnos de las enseñanzas de régimen general disminuyó respecto al anterior como consecuencia del descenso de la natalidad. La bajada fue pequeña, de 13.245 estudiantes, un 0,2% del total, hasta situarse en 8.319.029. Pero es la primera vez que ocurre por motivos estructurales desde el curso 2001-2002. En dos cursos de la pandemia hubo descensos, pero se debió a la decisión de miles de familias de no escolarizar a sus hijos en Infantil, y la cifra remontó después.

Todos ellos siguieron aumentando el curso pasado, pero ya no han podido compensar el impacto de la caída de la natalidad en el segundo ciclo de Infantil, la Primaria y la ESO. Tres etapas que abarcan 13 cursos, cuya tasa de escolarización es prácticamente del 100%, y suman 5.875.978 alumnos, el 70% del total.

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Source: elpais.com