Keir Starmer se enfrenta al comienzo de un curso político mucho más inestable y complicado de lo que hubiera deseado. La dimisión de la vice primera ministra y número dos del Partido Laborista, Angela Rayner, debido a un impago de impuestos que ha salido a la luz estos días, abre una crisis con ramificaciones múltiples, en un momento en el que la popularidad del primer ministro británico está por los suelos entre los votantes de izquierda y la amenaza de la derecha populista es más fuerte que nunca.
Rayner compró este año en la localidad costera de Hove, al sur de Inglaterra, un apartamento por unas 800.000 libras (poco más de 920.000 euros, en torno a un millón de dólares), por el que pagó un impuesto de Actos Jurídicos Documentados (Stamp Duty, como se conoce en el Reino Unido) por un valor de 30.000 libras (34.500 euros). Esa es la cantidad debida en el caso de que se trate de una primera residencia. Pero la ley tributaria británica exige una cantidad más elevada si la compra es por una segunda residencia. Aquí es donde se complica todo para Rayner, una política adorada por las bases más a la izquierda del partido y por los sindicatos, donde comenzó su trayectoria pública.
Uno de los hijos que tuvo en su anterior matrimonio nació prematuramente, por una negligencia de la sanidad pública. La indemnización recibida fue consignada en un fideicomiso a nombre del menor, al que cada uno de los miembros del matrimonio cedió además parte de su propiedad del piso que compartían en Mánchester. Era el modo de asegurar que, junto a sus hermanos, tuviera garantizado un futuro cómodo en ese hogar.
Al tratarse aún de un niño sin la mayoría de edad legal, la ley inglesa sigue considerando a efectos fiscales que la vivienda es propiedad de Rayner —divorciada hace dos años—, y que, por tanto, debería haber pagado unas 70.000 libras (unos 80.000 euros) de impuestos. Es decir, casi el doble de los 34.500 que entregó por su nueva casa en Hove.
Todo se ha complicado para la (paradójicamente) también ministra de Vivienda. En un principio, Starmer la respaldó enérgicamente, al creer la versión inicial de que había recibido asesoría fiscal errónea de al menos tres profesionales antes de realizar la compra.
En las últimas horas, esa asesoría ya no estaba tan clara y Starmer ha decidido condicionar su decisión final al resultado de un informe interno. El asesor independiente del Gobierno para Asuntos Éticos e Incompatibilidades, Laurie Magnus, ha entregado finalmente este viernes los resultados de su investigación, que concluye que Rayner no cumplió con sus obligaciones legales y, por tanto, con el código ministerial que están obligados a cumplir todos los miembros del Gobierno.
Se abre ahora un periodo convulso para Starmer, que pierde un peso pesado en su equipo, y para el Partido Laborista, que debe abrir un proceso de elección del número dos en un momento en el que la corriente más a la izquierda de la formación querrá controlar más poder y frenar las decisiones políticas y económicas del jefe del Ejecutivo.
En las últimas horas, la presión sobre Rayner, tanto en la calle como en el debate político, se había vuelto insostenible. En la nueva casa habían aparecido pintadas en las que se la acusaba de “evasora fiscal” (, decía el grafiti), y la oposición del Partido Conservador reclamaba con insistencia la dimisión de la ministra.
La salida de la ministra Rayner ha forzado el adelanto de una remodelación de Gobierno que los analistas y medios llevaban anticipando todo el verano.
Starmer necesita dar un nuevo impulso a su tarea política, y la semana pasada ya cambió el núcleo duro de Downing Street, con el nombramiento de un nuevo secretario jefe, un nuevo director de Comunicación y una asesora económica para dotar de mayor voz propia en este ámbito a la oficina del primer ministro.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, incinerada por su gestión de la inmigración irregular, los hoteles con solicitantes de asilo e incluso la respuesta de mano dura a las protestas propalestinas en la calle, se ve, sin embargo, recompensada por Starmer, que la ha nombrado nueva ministra de Exteriores. Le sustituirá en Interior Shabana Mahmood, la hasta ahora ministra de Justicia, de ascendencia paquistaní y buen predicamento entre las bases laboristas. Su discurso sobre inmigración, a pesar de sus orígenes, tiene un tono severo que gusta a los cargos del partido.
Lucy Powell, la “líder de los Comunes” (una mezcla entre las figuras españolas de jefe de grupo parlamentario y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con categoría ministerial), ha sido relegada del cargo, después de unos meses de gran rebelión interna en la bancada laborista a cuenta de los recortes sociales aprobados.
El ministro para Escocia, Ian Murray, también ha abandonado el Gobierno, a pesar de su importante papel en la recuperación por parte del laborismo de los votos en ese territorio, frente al predominio de los nacionalistas escoceses del SNP.
Rayner había ido aprendiendo en los últimos meses a construir complicidad y colaboración con el primer ministro británico. No fue así en un principio. Ella procedía del núcleo duro de la era anterior del partido, cuando el líder era el veterano izquierdista, Jeremy Corbyn. Su elección por los militantes como número dos de la formación la afianzó en su enfrentamiento político con Starmer, que en una jugada pragmática no solo la conservó en su equipo, sino que acabó nombrándola vice primera ministra, una figura que no es de existencia obligatoria y depende exclusivamente de la voluntad del jefe de Gobierno.
Dos mujeres, Rayner y la ministra de Economía, Rachel Reeves, se convirtieron en el mayor foco de poder del nuevo Gobierno laborista.
Era el modo de volver a recordar públicamente sus orígenes populares. Madre a los 16 años. Estudiantes de servicios sociales poco después, sindicalista aguerrida, mujer con profundas convicciones de izquierdas y el lazo de unión de Starmer, con fama de rígido y aislado, con unas bases del partido cada vez más descontentas con el rumbo del Gobierno, tanto en su política económica como en asuntos como la tragedia de Gaza.
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Source: elpais.com