Un agujero se ha ido abriendo silenciosamente en los últimos años en el sistema educativo español, especialmente en la enseñanza pública. El número de alumnado con necesidades de apoyo educativo, una categoría oficial que engloba a los estudiantes con discapacidad, con dificultades de aprendizaje (como la dislexia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad), así como a chavales llegados de otros países que desconocen el idioma o se hallan en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ha aumentado un 75% desde el curso 2017-2018. Ha pasado de 621.000 a más de un millón, según el informe de inicio de curso elaborado por Comisiones Obreras, que se basa en las estadísticas del Ministerio de Educación. El presupuesto específico para atenderlos ha crecido, en cambio, mucho menos: apenas un 31%, debido, sobre todo, a la insuficiente inversión de las comunidades autónomas. La consecuencia, advierte el sindicato y coinciden docentes, orientadores y familias, es que la atención que reciben es, en muchos casos, pobre, y que el cansancio y la frustración se extiende entre las plantillas de escuelas e institutos.
“Los profesionales de la educación sienten cada vez mayor sobrecarga. Quieren y hacen su trabajo con dedicación, motivación y esfuerzo, pero se necesita bajar las ratios e incrementar el número de profesionales, con más recursos y más inversión para atender con calidad y equidad al alumnado”, señala la Federación de Enseñanza de CC OO. Del total de 1.088.413 estudiantes que oficialmente requiere apoyo, 249.494 son alumnos con necesidades educativas especiales (generalmente significa que presentan algún tipo de discapacidad); 386.345, con dificultades específicas de aprendizaje; 394.034, están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y 58.540, tienen altas capacidades.
Un ejemplo de falta de recursos es el que están viviendo los docentes del instituto público Agra de Raíces, en Cee (A Coruña), que tiene cerca de 400 alumnos. El curso pasado, el personal especializado de apoyo con el que contaban, dos especialistas de Pedagogía Terapéutica, otra de Audición y Lenguaje que tenía asignadas dos horas semanales en el centro, y una cuidadora estaban volcados en garantizar la atención de los dos chavales con necesidades educativas especiales matriculados en el centro. “Su horario estaba completo con estos niños, quedando en gran medida desatendidos aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, como dislexia o TDAH”, explica una docente que actúa como portavoz de buena parte del claustro y pide no ser identificada.
La escuela pública acoge a tres de cada cuatro estudiantes con necesidades de apoyo educativo, 8,3 puntos por encima de lo que le correspondería en función de su tamaño en el conjunto de la red educativa, que es el 66,9%. En concreto, a la escuela pública va el 72,5% del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje; el 75,4% del alumnado con necesidades educativas especiales, y el 79,5% del que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La situación más equilibrada es la de los estudiantes con altas capacidades, con un 64% de la matrícula (tres puntos por debajo de lo que le tocaría, de hecho; un sector de los centros privados y concertados destacan en su publicidad que están especializados en ese tipo de alumnos).
En primaria el desajuste por redes educativas es todavía mayor. La pública acoge al 77,5% (9,75 puntos más de lo que le correspondería), la concertada al 21,7% (6,5 puntos menos), y la privada, al 0,8%, muy por debajo de su peso en el conjunto de la red escolar, que es del 4%.
Muchos estudiantes con necesidad de apoyo continúan, además, sin ser detectados. El informe de CC OO plantea un cálculo indirecto para estimarlos. En el caso del alumnado en situación de desventaja socioeconómica, recurre a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre “carencia material y social severa” en población en edad escolar para concluir que hay al menos 297.545 chavales sin incluir en las estadísticas oficiales de Educación, es decir, el 43% del total. Muy por encima de dicho porcentaje se sitúan algunos territorios, como Aragón (89%), Castilla-La Mancha (87%), y Andalucía (77%). En el caso del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, el estudio recurre a investigaciones sobre prevalencia de los distintos trastornos para estimar que 863.496 niños y adolescentes que los padecen pasan por debajo del radar de la administración, un 69% del total. Aparecen especialmente mal parados, en esta categoría, según el cálculo de CC OO, Andalucía (que “no proporciona datos de ninguna casuística social del alumnado”), País Vasco (que dejaría de contabilizar al 86,5%), y Aragón (85%).
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Source: elpais.com