“Aunque se introdujo un nuevo set de dispositivos prometiendo mejoras, la baja calidad del material adquirido ha derivado en problemas críticos tanto para las víctimas como para los sancionados”. Este es parte de un documento en el que, muy condensado, está parte del contenido de un informe que cinco trabajadores de Cometa ―el de seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato― redactaron y uno de ellos envió en octubre de 2024 a dos de las responsables del centro: a Rosa María Casafús, que continúa en su puesto, y a María Inmaculada Aguirre, que se marchó la pasada primavera y de la que un extécnico del centro dice que “era la persona mejor formada en violencia de género ahí, de largo”.

Cuando lo enviaron, hacía algo más de medio año que Cometa trabajaba ya con la nueva adjudicataria, una UTE (unión temporal de empresas) entre Vodafone y Securitas que sustituyó a Telefónica y Securitas Direct ―que venían prestando el servicio desde 2009, cuando se activaron las primeras pulseras― y con la que diversas personas del centro así como víctimas aseguran que ha empeorado un trabajo del que actualmente dependen la vida y la seguridad de 4.515 mujeres.

Los problemas con los dispositivos que han ido emergiendo estos últimos días lo han hecho después de que esta pasada semana se conociera que un error en el traspaso de información de una a otra adjudicataria provocara un vacío de datos sobre los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que hizo que un número indeterminado de víctimas ―ninguna institución ha querido concretar cuántas― no pudieran demostrar en sus juicios por quebrantamiento de condenas que sus agresores se la habían saltado, provocando fallos y absoluciones de las que también se desconoce la cifra exacta.

Esta es una de las cuestiones que los trabajadores del centro incluyen en el documento: “Perjuicio legal: las víctimas están perdiendo juicios por errores en la geoposición”.

Los problemas de geoposicionamiento se tratan en el primer apartado de ese análisis: “El GPS, elemento esencial para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, presenta múltiples errores, clasificados en tres categorías”.

Y por último, la “posición congelada”, por la que dicen que “la ubicación de los usuarios puede quedar congelada durante horas, incluso días, impidiendo el rastreo de movimientos”. Añaden cómo “se restaura” esa posición: “Naturalmente, mediante un reinicio forzado (opción no permitida según pliego) o con asistencia técnica (no suele ocurrir en menos de 24 horas)”.

Según el documento, “estos errores provocan que se envíen, de forma constante, informes a juzgados y cuerpos de seguridad con localizaciones erróneas. Además, se reciben llamadas de víctimas indicando que han visto a su agresor sin que haya señal de ello en nuestro sistema, impidiendo la posibilidad de pasar aviso para solicitar protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad [del Estado]”.

En el pliego, entre las características que tienen que tener los dispositivos, se fija la “inviolabilidad, de modo que el dispositivo o los dispositivos electrónicos esté/n dotado/s de los mecanismos de seguridad necesarios para prevenir, detectar y transmitir al centro de control datos de cualquier intento de defraudar o falsificar su funcionamiento”, pero esto, dice ese documento, tampoco se cumple.

En el apartado de “manipulación de dispositivos”, se incluye que “los agresores pueden apagar su dispositivo, lo que provoca que Sala Cometa pierda la geoposición”, y que pueden también manipular la pulsera.

“Una vez apagado el dispositivo móvil, los agresores pueden quitarse la pulsera. Al volver a encender el dispositivo, no se activará señal de manipulación de pulsera. De forma que los usuarios pueden alejarse del dispositivo, y falsear así su posición, sin que Sala Cometa tenga conocimiento. Esto contraviene el principio de inviolabilidad estipulado en el pliego”.

Hay también “inadecuaciones técnicas”, como la incapacidad de sumergir los brazaletes: “Contrario a lo especificado en el pliego [que estipula que el dispositivo debe ser “hipoalergénico y resistente al agua” si va a estar en contacto directo con la piel], los brazaletes no resisten la inmersión en agua, generando señales de manipulación que confunden a las víctimas (esta señal es la misma que se activa cuando un inculpado corta su pulsera intencionadamente)”.

Y por último, algo que repercute directamente sobre las víctimas que no hablan español y que tienen por tanto, de base, mayores problemas a la hora de pasar por todos los procesos que implica ser víctima de violencia machista. “Aunque se cuenta con una IA de traducción, su eficacia es limitada, especialmente en situaciones de estrés, dificultando la comunicación tanto con víctimas como con agresores, lo que ralentiza la gestión y reduce la calidad del servicio”, dice el documento.

Todo ello tiene “consecuencias”, como el “número creciente de víctimas que rechaza los dispositivos o los apaga voluntariamente, incluso con la medida de protección activa”. “Actualmente”, escribieron en aquella fecha, “varios cientos de dispositivos se encuentran apagados, ya sea por decisión de las víctimas, quienes prefieren no llevarlos, o debido a fallos”.

“Los problemas derivados de esta situación tienen efectos negativos en la salud mental de las víctimas”, que “viven una revictimización diaria como consecuencia de los avisos constantes que emite el dispositivo”, apunta el documento, que ahonda en que “muchos usuarios, especialmente aquellos que utilizaban dispositivos anteriores, manifiestan repetidamente su descontento. La frecuencia de los errores ha mermado la confianza en el sistema, debilitando su efecto disuasorio”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico [email protected]

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Source: elpais.com