La Policía da por finalizada una operación que buscaba franquear las dificultades para investigar en los grupos y canales de esta aplicación

La detención en Francia hace un año del fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, dio un giro a la relación que esta compañía tiene con las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, según aseguran fuentes policiales. Antes de ella, todas las reclamaciones de información relacionadas con los grupos y canales de pornografía infantil se rechazaban. Su estandarte era la “poca colaboración”, añaden. Los grupos en los que se compartían estas imágenes de menores que sufrían abusos sexuales, cuya simple tenencia ya es delictiva, se borraban o los usuarios redirigían a los integrantes a otros grupos y canales.

Ante esta situación, los agentes del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia comenzaron la Operación Telón de Acero, en la que emplearon diversas técnicas de ciberpatrullaje, además de otros recursos que prefieren no precisar. Las pesquisas fueron lentas y laboriosas por las dificultades para sacar del anonimato a los miembros de esos grupos y canales y con el paso del tiempo fueron dando resultados.

Desde el arresto de Dúrov, en agosto de 2024, la plataforma ha empezado a responder los requerimientos de información y los agentes españoles han detectado que el grueso de los investigados se han ido a otras plataformas. “Han bajado mucho los contenidos”, aseguran las fuentes consultadas. En la actualidad la colaboración es “bastante ágil”, por lo que la operación se dio por cerrada en verano.

En los primeros meses del año, Telegram ha atendido 929 solicitudes de información de dirección de IP y números de teléfono tramitadas por autoridades españolas, según informa la empresa en su apartado de transparencia. Estas reclamaciones, que afectan a 2.002 usuarios, se procesan según el apartado 8.3 de su política de privacidad que avisa de que se divulgarán estos datos a las autoridades correspondientes si reciben “una orden válida” que confirman que es sospechoso de un caso que involucre actividades delictivas.

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Source: elpais.com