Los médicos están convocados este viernes a un paro en toda España, aunque los servicios mínimos garantizan los procedimientos urgentes

Después de tres años de negociaciones en torno al nuevo estatuto marco para los sanitarios, la ley que rige las líneas fundamentales de las condiciones de trabajo de 700.000 empleados públicos, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos parecen cada vez más alejados. El borrador, un extenso documento que, entre otras muchas medidas, reduce las guardias médicas y modifica las categorías profesionales, ha sido rechazado con movilizaciones del sector (una multitudinaria tuvo lugar este pasado miércoles frente a la sede del ministerio) y dos huelgas específicas de médicos: la segunda, este viernes.

Es posible que algunas consultas se vean afectadas, pero los procesos urgentes están garantizados gracias a los servicios mínimos. En la última huelga, del pasado junio, el seguimiento fue dispar y su incidencia varió mucho en función de territorios, incluso de centros dentro de las mismas ciudades. Al no ser obligatorio notificar qué profesionales irán al paro, es imposible saber a qué ciudadanos puede afectar.

Todos coinciden en reivindicar jornadas de 35 horas, mejoras salariales, posibilidad de jubilación parcial y anticipada, y medidas de conciliación, entre otras. Los médicos, además, quieren un estatuto propio que regule lo que consideran que son condiciones específicas, dada su mayor formación y responsabilidad en el sistema.

Sanidad se ha negado reiteradamente a esto. La última vez, en una reunión con el comité de huelga, esta semana. “El ministerio considera esta propuesta inaceptable, ya que supondría romper el marco común que garantiza la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y abrir una vía de segregación para un solo colectivo, en perjuicio del resto de profesionales sanitarios y de la propia organización del sistema”, señala el departamento de Mónica García en un comunicado.

Defiende que el borrador actual ya incorpora mejoras dirigidas específicamente al colectivo médico: un capítulo específico dedicado a los facultativos, Ofertas Públicas de Empleo (OPE) cada dos años para acabar con la temporalidad, facilidad de movilidad geográfica con concursos abiertos y permanentes cada año…

El ministerio propone sustituir una norma de 2003 que todas las partes consideran desfasada por otra con mejoras en las condiciones que a los sindicatos les parecen insuficientes, poco realistas o ambas cosas.

En la última reunión, celebrada este jueves, Sanidad se comprometió a celebrar reuniones monográficas sobre estos temas.

Además, el ministerio replica que el establecimiento de retribuciones complementarias es competencia autonómica. “Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias”, .

El estatuto incluye una modificación de las categorías profesionales que se corresponde con la nueva estructura de grados universitarios. Está previsto que los facultativos especialistas sean nivel 8, las enfermeras especialistas nivel 7, y así sucesivamente.

Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de enfermería Satse, cree que la nueva clasificación se puede quedar en un cambio de nomenclatura si no hay modificaciones retributivas. “Queremos saber a qué se refieren. No que marquen unas cantidades, sino de qué estamos hablando con esas categorías”, sostiene.

Esto abre uno de los grandes melones del estatuto: la contratación del personal sanitario es competencia de las comunidades autónomas, y son ellas las que deben fijar salarios. Ante las peticiones de mejoras retributivas de los sindicatos, Sanidad encargó un informe a la Dirección General de Ordenación Profesional, que concluye que no es competencia del Estatuto Marco, una ley nacional que tendrá que ser aprobada en última instancia en el Congreso de los Diputados.

Ante este argumento, Villaseñor se queja de que ellos no negocian con Sanidad, sino con todo un Gobierno: “Es obligación del ministerio hacer las gestiones con otros departamentos y con las comunidades autónomas para llegar a consensos”.

El jueves, en la primera reunión que sentó a Sanidad, a los sindicatos y a las comunidades autónomas, los representantes de los trabajadores se quejaron de que no acudieran los ministerios de Hacienda ni de Función Pública. También criticaron que los responsables autonómicos “hayan trasladado su interés de que la norma se vacíe de contenido” con el argumento de una presunta invasión de competencias.

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, rechazan esta posibilidad: “Es necesario seguir trabajando en el estatuto marco, en el marco del ámbito de negociación, para evitar que el Gobierno apruebe en solitario una ley perjudicial, cicatera e injusta”.

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Source: elpais.com